Política lingüística en Cataluña: ¿Cultura o poder?

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela ha de acatarse y respetarse, como resolución judicial que es emanada de un órgano competente. Habría que ver el cumplimiento de dicho axioma si el sentido del fallo fuera otro. Y es que el TSJC admite acepta el modelo de inmersión lingüística pero, al mismo tiempo, pide al Gobierno regional que garantice la atención a los alumnos que deseen ser escolarizados en castellano. Hay ocasiones, como bien pudiera ser ésta, en que el derecho peca de cierta ambigüedad. Así, no acaba de entenderse muy bien cómo el TSJC avala una política educativa que cercena un derecho fundamental y al mismo tiempo apela a su defensa.

A cualquier extranjero que se le cuente que en España uno puede ser sancionado por emplear el castellano, lengua oficial según el artículo 3 de la Constitución, pensará que es una broma. No es así. Sólo en 2010 se multó a más de 200 personas por no rotular “correctamente” en sus establecimientos. Eso es tanto como decir que la libertad de mercado entendida por los nacionalistas pasa por imponer a los comerciantes la lengua en la que han de vender su mercancía. Nadie se extraña de que en los litorales costeros españoles haya letreros en inglés, alemán o japonés. En Cataluña, sin embargo, puede no haberlos en castellano sin que pase absolutamente nada.

Ya sea en materia educativa, comercial o administrativa, ha de respetarse el artículo 3º de la Constitución. No es fundamentalmente una cuestión lingüística. Y no lo es por tres razones. En primer lugar, porque las lenguas –como les decía, en perfecto castellano, el cardenal Richelieu a los rebeldes catalanes que solicitaban su colaboración- “las lenguas no están en guerra”. Las lenguas son cultura, el castellano no menos que el catalán. Y la política cultural pro-catalana es benéfica para todos y debe ser impulsada e incrementada. Por las buenas y positivamente. Otra cosa, es perseguir, prohibir e impedir la libre difusión de otras lenguas. Eso no es cultura; es política de poder. Tampoco es catalanismo. Es nacionalismo y de la peor calaña. En segundo lugar, el tema poco tiene que ver con la defensa del castellano que es una lengua en expansión, a salvo de los disparates que se les puedan ocurrir a los nacionalistas. Por eso, el asunto no es un problema prominencia de esta u otra lengua. Es, en tercer lugar –pero el primero en orden de importancia- un problema de derechos individuales de los ciudadanos de Cataluña que exige respeto del marco normativo vigente. Catalán y castellano, lenguas españolas ambas, han de cuidarse y potenciarse en su justo valor, que es mucho. Pero nunca deben utilizarse como arma de confrontación o exclusión.