En los años 50, los representantes del sector lácteo de Estados Unidos esperaban en el Senado a los políticos para defender su producción. Lo hacían en la entrada o
lobby del edificio. Fueron los iniciadores de un fenómeno ya habitual y que empieza a echar raíces en nuestro país, aunque la ciudadanía aún desconozca o tenga una visión distorsionada o incompleta del papel de los
grupos de presión, con una imagen turbia y de clandestinidad. Los creemos fuera de nuestras fronteras, pero están entre nosotros, cerca, incluso dentro del Congreso de los Diputados, de los lugares donde se cocinan las grandes decisiones. El paso que se dirime en estos momentos es el de hacer pública la identidad y fines de estos
lobbies y regular su labor.
El grupo parlamentario Izquierda Plural presentó recientemente en la Cámara una proposición no de ley para la constitución de un
registro de lobbies. El objetivo de estos partidos es que vean la luz aquellos grupos que inciden en decisiones que repercuten en la ciudadanía. Así, estarían sujetos a control democrático como parte activa, aunque indirecta, del día a día político. Esta fiscalización se llevaría a cabo a través de una comisión especialmente destinada a este fin y, en segundo lugar, gracias a un código de conducta que también estipule sanciones ante posibles abusos o infracciones.
La iniciativa, que ahonda en la exigencia de trasparencia en el seno de la política, tiene un espejo en el que mirarse: el
Parlamento Europeo. Desde 2011, cuenta con un registro de estas características y
cualquier ciudadano tiene acceso a él. Encontramos más de 4.000
lobbistas acreditados, con acceso a comisiones y plenos. La proporción es de seis por cada eurodiputado, según aporta Bruselas. Si filtramos por domicilio social en este listado, descubrimos
279 grupos de presión de origen español en muy distintos sectores.
EL IMPARCIAL se puso en contacto, sin éxito, con Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) para contar con la opinión del ponente de la proposición, el diputado Joan Coscubiela. Sí ha querido atender a este periódico Julián Iñigo, director de
Reti España, casa de máximo prestigio en materia de
lobbying y compañía con estrechas relaciones con los principales decisores políticos, económicos y mediáticos. Iñigo entiende que la regulación debería "huir de todo interés persecutorio" y "reunir los principios básicos de transparencia (registro público); accesibilidad a los centros de decisión y acreditación (particularmente al Congreso y al Senado); responsabilidad (código ético) y limitaciones (su trabajo nunca debe suponer un perjuicio del interés general)".
En España "hay pocos
lobbistas", aporta Iñigo. "Al menos, que se identifiquen como tales y que reconozcan que se dedican a este ejercicio profesional", concreta. "Se podría concluir que lo son todas aquellas personas u organizaciones que persiguen influir en la formulación de políticas o en la toma de decisiones de parte de los poderes públicos, y que podrían tener formas profesionales o jurídicas distintas", define el experto, que en todo momento acota esta tarea y la aleja de la mala percepción que amplios sectores de la opinión pública tienen de la actividad de los grupos de presión. El director de Reti en nuestro país reconoce que "es verdad que hay figuras, como el intermediario o lo que podríamos llamar 'conseguidor', que están haciendo mucho daño de imagen, de ahí la importancia de esa regulación, para que de una forma transparente poner a cada cual en su sitio". Y subraya: "El
lobbista nada tiene que ver con el
tráfico de influencias ni con la petición o recepción de beneficios por parte de las instituciones públicas. El
lobby es una actividad que sirve para completar el proceso democrático, como vía legítima de participación política, en la toma de decisiones. Y los políticos lo agradecen".
Intereses empresariales, sociales, medioambientales, humanitarios o económicos toman partido en España de forma invisible. Lo que ahora se pone sobre la mesa es hacerlo a la vista de todos, como ya ocurre en
Estados Unidos y recientemente, como se ha mencionado, en el seno de la Unión Europea. Además, las empresas españolas y la sociedad civil tienen cada vez un interés mayor por esta participación y saben que, lejos de estorbar, son bien recibidos en los círculos de poder. Desde
MAS Consulting, agencia de relaciones públicas y comunicación política, recuerdan que John F. Kennedy afirmó que los
lobbistas le hacían entender en diez minutos problemas que sus colaboradores tardaban diez días en saber explicar. En efecto, el grado de especialización de cada grupo de presión es elevado y su conocimiento sobre un sector determinado es muy superior frecuentemente al de los grandes funcionarios del Estado.
El registro, por tanto, tendría el visto bueno de los
lobbistas, que se desmarcarían de quienes obran más allá de la legalidad y que serían los grandes perjudicados, y también de la ciudadanía, que conocería por primera vez de quién se rodean sus gobernantes a la hora de tomar decisiones y que una comisión se encarga de controlar y sancionar. Es probable que su discusión en el
Congreso coincida en el tiempo con la futura
ley de transparencia anunciada por el Ejecutivo, al caminar en la misma dirección. La misión es apartar de la vida pública todo aquello que se mueva en la sombra, desterrar la opacidad. En este caso, se destaparía una actividad que, prospere o no el registro, seguirá creciendo y asentándose de igual forma que en las democracias más longevas.
Si (
No(
