El precio del déficit público

Proveedores de comunidades autónomas y ayuntamientos salían ayer de Moncloa con las esperanzas puestas en el plan de 35.000 millones de euros para liquidar las facturas pendientes con las administraciones puesto en marcha por el Gobierno. Fue el propio Rajoy el encargado de explicárselo para, acto seguido, poner el acento en la necesidad imperiosa de que el Estado afronte los pagos como es debido. Parece algo de sentido común aunque, a la vista de lo sucedido estos últimos años, parece que es precisamente sentido común lo que ha faltado en las administraciones públicas a la hora de gastar sin importar las debidas previsiones de pago.

Lamentablemente, el coste de tanta prodigalidad habrá de sufragarse entre todos; de ahí los recortes. Los cuales, por otra parte, son imprescindibles tanto para afrontar los pagos pendientes como para evitar que se repitan despilfarros de un pasado todavía reciente. Pasado que algunos parecen obviar optando por echarse a la calle quejándose de la única solución posible para un problema que ellos mismos han creado. La prima de riesgo -lo que le cuesta al país financiarse; es decir, a todos- depende en gran medida de este tipo de consideraciones. Si los mercados e instituciones ven que España es solvente, lleva a cabo reformas -como, por ejemplo, la laboral- y hace lo posible por cumplir con sus compromisos, ganaremos en credibilidad y, de paso, tendremos menos dificultades para financiarnos y salir así cuanto antes de la crisis. Bastante nos han costado ya los errores y la irresponsabilidad pasada como para volver a reeditarlos.