Política tributaria para la crisis: devaluaciones fiscales

Se ha celebrado recientemente en Bruselas un forum fiscal, que se viene convocando con carácter anual y en el que se debaten temas de política tributaria de interés europeo. En esta ocasión, se ha tratado sobre política tributaria en el marco de la moneda única. Como ha manifestado Algirdas Šemeta, comisario de Tributación, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el fraude, la situación económica y financiera actual ha suscitado muchas preguntas acerca de cómo pueden las políticas tributarias ayudar a los Estados miembros a espolear el crecimiento y el empleo, y de forma señalada a través del traslado de la carga fiscal desde el trabajo hacia bases imponibles menos distorsionantes. Se trata de una reflexión interesante puesto que la adopción de una zona monetaria tiene importante implicaciones respecto de los instrumentos de la política económica, unos que se atribuyen a nuevas Instituciones y de los que ya no disponen otras, así como de las capacidades de actuación de las empresas, que incrementan su movilidad y observan una mayor transparencia en la competencia, tanto porque sus precios se miden en una misma moneda como porque ya no caben devaluaciones del tipo de cambio internas dirigidas a incrementar ficticiamente la competitividad. La conferencia se ha centrado en los retos que imponen a los sistemas fiscales las necesidades de consolidación fiscal – presupuestos equilibrados - y las reformas para estimular la economía de los países miembros del euro.

Entre las materias abordadas, una de las más tratadas ha sido la devaluación fiscal, que consiste en reducir las cotizaciones a la seguridad social que efectúan las empresas por sus trabajadores, medida que se compensa con la subida del IVA con objeto de mantener la recaudación tributaria.

Bajar cotizaciones sociales persigue mejorar la competitividad de los bienes y servicios producidos por un país. El efecto directo e inmediato es la reducción de los costes laborales y, por tanto, los de producción. Los bienes y servicios son así más baratos. Debe tenerse en cuenta que las exportaciones no tributan por IVA, de forma que la subida de este mismo impuesto no afecta a las ventas y servicios dirigidos al exterior. Esto es, la medida hace posible abaratar las exportaciones. En cuanto a las importaciones, éstas tributan por IVA de tal forma que los bienes y servicios procedentes del exterior resultarían más caros en términos relativos ya que soportarían un tipo de gravamen por este impuesto más, que aplica sobre un precio por productos que no se pueden beneficiar de la referida reducción de las cargas sociales. De esta manera se lograrían efectos parecidos a los que se perseguían con las devaluaciones del tipo de cambio de la moneda, que hoy ya no son posibles: abaratar nuestros productos de cara a la exportación y encarecer las importaciones procedentes del exterior.

Hay quien se anima a apuntar que esta medida mejora el empleo. En principio, la mejora de la competitividad y el consiguiente incremento de las ventas exteriores deberían producir un incremento del PIB al que, con el tiempo, se asociaría la creación de empleo. Sin embargo, es necesario ser cauteloso antes de llegar a tales conclusiones. Serían efectos indirectos, inducidos por esta medida. Luego nos referiremos a los resultados de los análisis efectuados sobre las experiencias con estas propuestas.

En cuanto a la subida del IVA, tiene un doble efecto: encarece las ventas de los productos nacionales, si bien el impuesto se calcula sobre unos costes de producción menores, de tal manera que el resultado en su conjunto depende de que tal incremento se vea compensado con las referidas disminuciones de las cotizaciones; por otra parte, encarece las importaciones, puesto que los bienes y servicios que cruzan nuestras fronteras para entrar en nuestro territorio sí que tributan por IVA y lo hace al nuevo tipo superior sin que, como ya indicamos, su precio se pueda beneficiar de la bajada de cotizaciones.

En un país como el nuestro, que, al margen de coyunturas temporales, suele mostrar tradicionalmente déficit en la balanza comercial y que depende del exterior para la disponibilidad de energía – petróleo, gas natural, uranio – y de materias primas, estos aumentos de precios de las importaciones pueden ser costosos. Suponen importar inflación. Se acaba encareciendo nuestro proceso productivo. En este punto, resulta relevante recordar las palabras del discurso del comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, quien advertía de los efectos regresivos de la medida: la reducción de un gasto a las empresas se compensa con una subida de los precios que afecta a pensionistas, desempleados y otros beneficiarios de prestaciones sociales que no se verían afectados por medidas que pretenderían reactivar el mercado laboral. Estas subidas de IVA se acaban por traducir en disminuciones del poder adquisitivo real de los ciudadanos. Es decir, se produce un empobrecimiento.

Lo primero que hay que decir de la propuesta es que parece ir en contra de las pretensiones perseguidas con la adopción de una zona monetaria común: las relaciones económicas y comerciales dentro de dicho espacio deberían regirse de acuerdo con la asignación más eficiente de recursos y sin alteraciones forzadas por medias intervencionistas. Así, deberían evitarse las devaluaciones competitivas si se quieren cumplir con algunos de los objetivos de de la decisión de compartir una moneda.

Por otra parte, hay ya experiencias prácticas de estas iniciativas – Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Hungría, Portugal - y análisis de los resultados producidos. En general, existe consenso en que se consiguen ciertos efectos positivos sobre el crecimiento, pero son muy reducidos y a corto plazo. En realidad, y dado que la productividad real de la economía no cambia, a largo plazo se produce un reequilibrio de precios y los efectos se pierden. La perentoriedad de estos resultados puede explicar que la capacidad de este tipo de reformas para crear empleo es muy reducida.

En todo caso, si el Gobierno decidiera adoptar esta solución debería medir bien los costes sociales que implica y buscar fórmulas para compensar a los perdedores con rentas bajas. Por otra parte, habría que buscar medidas complementarias para apuntalar el crecimiento y el empleo que pudieran crearse en primera instancia para conseguir unos efectos más sostenidos en el tiempo.