Huelga irresponsable

La huelga general convocada por Comisiones Obreras y UGT constituye un acto de irresponsabilidad cívica y quizá algo aún peor. Creo que, en principio, toda huelga general es una acción antidemocrática, pues, al ser general, no se dirige contra algún abuso laboral concreto, sino contra la política general del Gobierno. Ciertamente los sindicatos pueden oponerse a ella, pero una huelga general constituye un acto de fuerza. Los trabajadores se encuentran representados políticamente en el Parlamento. Los sindicatos son sólo órganos de defensa de sus intereses. Su ámbito propio es el de los conflictos con los empresarios, pero no el del conflicto con el Gobierno. El artículo 37.2 de la Constitución establece: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento delos servicios esenciales de la comunidad”. Los trabajadores y los empresarios pueden adoptar medidas de conflicto. Esto incluye el derecho a la huelga. Pero una huelga general dirigida contra la política del Gobierno rebasa, a mi juicio, estos límites. No obstante, aunque la Constitución amparara el derecho a la huelga general, en virtud del carácter expansivo de los derechos y restrictivo de las limitaciones a ellos, aún me parecería la huelga general una extravagancia antidemocrática y un caso palmario de acción directa. La política económica, social y laboral es competencia del Gobierno y no de los sindicatos, ni de los empresarios. La representatividad de los sindicatos, por lo demás muy escasa, está limitada al ámbito laboral, pero no puede extenderse al ámbito político general. Son los diputados y senadores, y no los sindicalistas, quienes representan políticamente a los trabajadores.

Ortega y Gasset, entre otros pensadores liberales, criticó la acción directa como método antidemocrático de actuación política. Era el propio del bolchevismo, el fascismo y el sindicalismo. Y constituía un atentado contra la democracia y el liberalismo. Es el método propio de quienes no aspiran a dar razón ni a tener razón sino a imponerse por la vía de hecho, incluso mediante la violencia. En el Parlamento hay partidos y grupos que defienden la posición de los sindicatos. Allí es donde deben hacerlo. Pero pretender lograr con la fuerza lo que no se consigue con la razón es propio de fracasados y resentidos. Además de antidemócratas. No niego su derecho a oponerse. Niego su derecho a coaccionar. Creo, pues, que, en general, una huelga general es, en sí, un acto antidemocrático. No en vano solía añadírsele el adjetivo de revolucionaria. Toda huelga general tiene un tufillo revolucionario.

Pero además en el caso actual es aún más irresponsable e injustificada. Se dirige contra la reforma laboral del Gobierno, de un Gobierno que no lleva tres meses en el poder. No creo que haya precedentes de huelga general tan madrugadora. En realidad, las protestas sindicales en la legislatura de Zapatero no iban dirigidas contra él sino contra la oposición. Esta ha sido una de las mayores aportaciones del sindicalismo español a la historia de los movimientos sociales: movilizarse contra la oposición y no contra el Gobierno. Si a los dos sindicatos convocantes les importaran los parados, habrían dirigido su ira justiciera contra el Gobierno que ha batido todas las marcas en la fabricación de parados. Pero no. Prefieren dirigir su anatema contra quien, con mayor o menor acierto, habrá que esperar, aspira a corregir el desmán. Podrían aguardar, en un ejercicio de moderación y cordura, a la producción de algunos resultados. Pero no, no es eso lo que les importa. Ni siquiera se trata de soberbia arrogante. Es puro interés ideológico, y quizá también de otro más mercantil, el que les mueve. Se trata de acosar al Gobierno legítimo porque no es de “los nuestros”. Es la segunda vez que sucede lo que la izquierda radical no puede soportar: que la derecha obtenga mayoría absoluta. La “calle” no puede soportarlo y se agita contra las urnas. Ésta es la cuestión: algarada violenta contra legitimidad democrática. Y es que para la izquierda radical española, la legitimidad es ella. Lo demás es derecha extrema y fascismo.

Y, por si esto fuera poco, la convocatoria de una huelga general, ante una situación dramática, de la que el Gobierno socialista ha sido principal responsable, junto a los factores externos, constituye un atentado contra la economía española y contra nuestro, ya menguado, prestigio exterior. Debería ser desconvocada y, en el caso de no ser así, lo mejor para España sería su fracaso absoluto. Huelga general: fracaso general.