Una reforma con visos de ser la última

Dos presidentes españoles han necesitado cuatro reformas financieras para comenzar a ofrecer ciertas garantías de que España afronta, por fin, el reto de que el sistema bancario realice los ajustes necesarios. La primera reforma del ministro De Guindos estaba sin duda bien encaminada, pero pronto recibió críticas, parte de las cuales hacían ver que era insuficiente. Ahora no sólo la amplía hasta cubrir un 45 por ciento del valor de los activos inmobiliarios de la banca, sino que define el camino por el que las entidades deben realizar el ajuste, les obliga a ello y se coloca como prestamista para las entidades que no puedan cumplir las exigencias.

Es decir, a diferencia de los tres intentos anteriores, este tiene ya visos de ser la reforma definitiva. Ahora bien, sigue habiendo graves incertidumbres sobre el éxito de la operación. Aunque no dependen, en principio, de la propia reforma. El primero de ellos es el posible deterioro de la economía española. Estamos ya en recesión y es una cuestión abierta si el año que viene habremos crecido o no. El paro, en cualquier caso, seguirá subiendo, y el número de personas desempleadas que no cuentan ni con la prestación pueden alcanzar los cuatro millones. Todo ello someterá a nuevas tensiones al sistema financiero.

Esto está todavía previsto en la reforma. Pero hay un elemento más con una preocupante capacidad devastadora en los balances de alguno que otro banco. Se trata de los títulos de deuda pública española que poseen. Cada aumento en la rentabilidad de nuestros bonos supone graves pérdidas en el valor de esos activos, que deben ser reflejados en sus cuentas. Y este viernes la Comisión Europea ha mostrado su previsión de que incumpliremos, de largo, los objetivos de déficit, lo que alimentaría nuevas dudas sobre nuestra deuda y tendría graves efectos sobre nuestro sistema bancario. Apresurémonos a decir, antes que nada, que la CE hace sus previsiones a políticas constantes. Es decir, que no tiene en cuenta los últimos ajustes por parte del gobierno español que, aunque insuficientes, son no obstante muy importantes.