Reguladores y regulados

Han tenido que pasar años para que se derrumbara estrepitosamente aquella bella leyenda acreditada por Zapatero (de infausta memoria), según la cual nuestro sistema financiero era el mejor del mundo. En otros países más prudentes se imponían medidas estrictas a los bancos cuando ya era bien visible el nubarrón de la crisis que se acercaba a toda velocidad. Aquí se hacían oídos sordos a las prudentes advertencias de algunos economistas bien conocidos que, al menos desde 2005, avisaban de que la crisis era inminente. Recuerdo, en concreto, artículos e intervenciones de prestigiosos expertos como Juan Velarde y Juan Iranzo en los que mostraban su preocupación por la tormenta que se avecinaba, sin que el Gobierno Zapatero hiciera nada para aminorar sus seguros nefastos efectos. Nadie les hizo caso. Todos recuerdan seguramente, la actitud oficial de entonces según la cual nada de eso iba con España porque nosotros “jugábamos en la champions league”. Fui testigo presencial de las serias advertencias de la OCDE en febrero de 2008, que aquí cayeron en saco roto. La crisis no iba con nosotros. Todo lo contrario: en aquella campaña de febrero-marzo de 2008, Zapatero pintó un paisaje idílico, con pleno empleo incluido, y los pobrecitos españoles se lo creyeron a pies juntillas y le volvieron a votar. (¿Quién no recuerda el famoso debate Pizarro-Solbes?). Increíble, pero cierto. Nunca un gobierno tan incompetente había recibido una tan sólida legitimación. A Zapatero se le aplica con toda precisión y justicia una frase de Novak, a quien me referiré más adelante: “Las carreras de los líderes políticos son más cortas que las consecuencias de sus acciones”.

En estos últimos meses han arreciado las críticas contra el todavía gobernador del Banco de España, el más que famoso MAFO, que ha incumplido flagrantemente y con la máxima evidencia con el papel de regulador de la actividad bancaria que tiene legalmente atribuido. Pero lo cierto es que no se trata de algo nuevo, sino que viene de muy atrás. Por Internet circulan dos cartas de la Asociación de Inspectores del Banco de España, la primera, fechada en abril de 2005, dirigida al vicepresidente Solbes y que no obtuvo contestación y la segunda de un año después destinada a la directora del gabinete del mismo Solbes. Estos documentos iban acompañados de una nota en la que los inspectores afirmaban que querían distanciarse “de la complaciente lectura de la situación económica que hace en sus últimas intervenciones el actual Gobernador del Banco de España, el señor don Jaime Caruana, y mostrar asimismo nuestra preocupación por su falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual para hacerla más sostenible y segura”. La nota no tiene desperdicio y vale la pena leerla íntegramente. Pero creo conveniente reproducir otro significativo párrafo: “Los Inspectores del Banco de España nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del Gobernador”.

La existencia de órganos reguladores es consustancial con la economía de mercado que no se basa en la ley de la jungla sino en la plena garantía del cumplimiento de la ley que, además de los tribunales, cuando sea preciso, está sometida a la supervisión de los órganos reguladores, como son, en este caso, el Banco de España y, en cuanto hace referencia a las dimensiones mercantil y bursátil del proceso económico, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La politización de estos órganos –que ha llegado a extremos insoportables en la etapa socialista- está en la raíz de este fracaso institucional del sistema regulador español. Es evidente que ha faltado transparencia, que se han ocultado datos, que se ha engañado a la opinión pública y, helénicamente, hasta a las propias instituciones europeas. Que haya habido que convocar a dos auditoras extranjeras para que levanten acta de la situación del sistema financiero español porque el Banco de España ha dejado de ser fiable es una vergüenza nacional que exige medidas inmediatas. Hay que ir pensando en un sistema de control de ciertos nombramientos similar al que existe en los Estados Unidos donde comparecen ante una comisión del Senado, no solo los candidatos al puesto, sino otros testigos que se estiman relevantes que, obligadamente y bajo juramento, deponen ante el órgano parlamentario. El actual sistema que existe en España es totalmente insuficiente y, tal y como está ahora establecido, es perfectamente inútil y prescindible.

Pero aquí no han fallado solo los órganos reguladores –lo que ya es en sí muy grave- sino también los regulados, es decir, en este caso los bancos, quizás no todos y seguramente unos más que otros. El mercado hipotecario desde hace bastantes años –y como sabe todo el mundo- ha sido un auténtico escándalo ya que ha funcionado saltándose las normas establecidas y sin exigir las indispensables garantías. Hace años, en otros tiempos, se decía que los bancos solo daban créditos a los que ya tenían el dinero que solicitaban y sin atender a las garantías que se ofrecían, por sólidas que fueran. Eran los tiempos de los tipos de interés de dos dígitos. De aquellos rigores excesivos se ha pasado a las alegrías que nos han llevado a la actual situación, que ha hecho de los bancos los mayores tenedores de bienes inmuebles sobrevaluados, sin salida o, mejor dicho, con la única salida de los “bancos malos” en cualquiera de sus modalidades. Muy mal por el regulador, esto es el Banco de España, pero muy mal por los regulados que han olvidado aquella lección fundamental del Derecho civil romano que exigía que el gestor de un patrimonio propio o ajeno se comportase como un bonus paterfamiliae.

Y no todo ha quedado ahí, ya que en muchos casos, han olvidado las indispensables exigencias éticas en las que se basa el capitalismo democrático que, insistimos, no es la ley de la jungla. El respeto al otro que, en este caso, es el cliente, el inversor es un elemento esencial de la actividad bancaria y mercantil, en general. La búsqueda desaforada del beneficio, del dividendo a toda costa hay que someterla a rigurosas exigencias legales y éticas. Es bochornoso el asunto de las llamadas “participaciones preferentes” con las que, con toda evidencia, se ha engañado a ingenuos clientes, muchos de ellos ancianos que ¿cómo iban a pensar que les estaba estafando el banco de toda la vida, en el que siempre habían confiado…hasta que han visto que su dinero había volado o que solo podrían disponer de él…desde la tumba?

A muchos banqueros se les llena la boca con lo importantes que son para ellos sus actividades sociales que, tan a menudo, no son más que mecanismos para ahorrarse el pago de algunos impuestos. No estaría mal que leyeran libros como el de Michael Novak, The Spirit of Democratic CapitalismRemota itaque justitia, quid son regna nisi magna latrocinia? Y es que no solo los reinos, sino también las empresas, incluidos los bancos, si se olvidan de la justicia, de la ley y de la moral se convierten, como decía el de Hipona, en magna latrocinia, frase que algunos traducen por “bandas de ladrones”.