La oposición judicial del PSOE

Alfredo Pérez Rubalcaba anunciaba ayer domingo que el PSOE llevará al Tribunal Constitucional la reforma laboral. Culpaba también de la actual situación al PP que, en su opinión, recurre a “la herencia recibida” cuando en realidad son “sus políticas” las que han llevado al país al estado en que se encuentra. El entorno mitinero en el que se hicieron dichas declaraciones -la clausura del 12 congreso regional de los socialistas andaluces en Almería- no las justifica en absoluto; ni en el fondo ni menos aún en las formas.

El derecho al trabajo viene recogido en el artículo 35 de la Constitución. Es un derecho que más de 5 millones de personas no pueden ejercer en España debido, en gran medida, a las nefastas políticas económicas llevadas a cabo durante las dos legislaturas anteriores. Por lo que hace a las políticas de empleo, mejor no hablar: la legislación laboral española hasta el presente –no importa de qué color haya sido el gobierno- ha sido una fábrica de parto desde hace muchas décadas. Del desastroso gobierno Zapatero formó parte activa el señor Rubalcaba, conviene recordarlo. Y ahora ante los que están intentando desfacer el entuerto, lo menos que podría hacer el PSOE sería, si no quiere arrimar el hombro, al menos no poner palos en la rueda.

Rueda que, de un tiempo a esta parte es siempre la misma: el Tribunal Constitucional. El PSOE recurre así a una de las instancias más desprestigiadas y politizadas del marco institucional, pretendiendo que funcione como una suerte de “tercera Cámara” donde ganar las votaciones que pierde en Congreso y Senado. No es eso. Cualquier formación política puede recurrir al TC si estima que se produce un menoscabo de derechos constitucionales. Lo que no es de recibo es judicializar la labor de oposición de un partido que no ha acabado de digerir que ya no está en el poder.