Una ley para las empresas públicas

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, denunciaba recientemente, y lo hemos subrayado en esta sección, que las Comunidades Autónomas sólo habían eliminado seis de las más de 600 empresas públicas que se habían comprometido a hacer desaparecer. Es una muestra harto ilustrativa de la falta de voluntad política al respecto, y del poder que tienen los intereses creados. Al menos igual de preocupante resulta que ni el propio gobierno sea capaz de ofrecer una cifra exacta del número de empresas públicas que hay. Calcula que ronda los cuatro millares de compañías, pero no sabe o no se atreve a precisar más. ¿Cuál es el número de trabajadores que están acogidos en estas sociedades? Imposible ofrecer un dato que no sea más que aproximado.

Todo ello ofrece un cuadro sobre cuál es la realidad de las empresas públicas. Por un lado, el descontrol que tienen las comunidades autónomas sobre su cartera de empresas. Un descontrol que es propio del sector público, pero que sería impensable en el sector privado. Y por otro, revela cuál es la verdadera función de estas sociedades.

Si fuera cumplir con un conjunto de objetivos que son necesarios pero que no están cubiertos por la empresa privada (un presupuesto harto debatible), igual que se crean, estas empresas públicas deberían cerrarse en cuanto hay oferentes privados, o en cuanto se observa que los costes de tales compañías exceden claramente el valor que aportan a la sociedad. Pero no es así. Al calor del erario público y de la propia actividad empresarial, estas sociedades han acogido a un número importante de ciudadanos, algunos de los cuales, especialmente en los puestos directivos, tienen evidentes conexiones políticas. Algunas de estas empresas, como los medios de comunicación públicos, sirven estrictos fines políticos partidistas.

Esa es la verdadera razón del despilfarro de recursos públicos en empresas de este estilo. Y esa es también la razón por la que los políticos son rápidos en la creación de estas entidades, pero dolorosamente lentos en su cierre. Es necesaria una ley de ámbito nacional que delimite de forma estricta la creación de empresas públicas y prevea su cierre de forma automática, si no se han cumplido un conjunto de objetivos claramente prefijados. Una reforma del sector público que merezca ese nombre no puede dejar de lado la abigarrada y costosa realidad de las empresas públicas. No se olvide que despilfarrar dinero público equivale a detraer recursos a la inversión privada; es decir, restar puestos de trabajo.