El voto del exilio vasco

A lo largo de su sangriento historial la banda terrorista, ETA no solamente ha causado cientos y cientos de víctimas, sino que ha privado a miles y miles de vascos del elemental derecho al voto. Con sus amenazas, chantajes, coacciones e “impuestos revolucionarios”, los etarras han obligado a un gran número de ciudadanos del País Vasco a emprender el camino del exilio, como si vivieran en una dictadura. Y, ciertamente, durante mucho tiempo, los asesinos de ETA y sus voceros instauraron en el País Vasco la dictadura del terror y del silencio.

En 2008 la Fundación BBVA reveló en un informe que cerca de 200.000 personas abandonaron el País Vasco desde que ETA comenzó su criminal andadura, y que de ellas casi 160.000 lo hicieron entre 1980 y 2000, cuando la banda incrementó su actividad terrorista. En dicho informe se señala asimismo que, sin duda, el motivo principal de esa marcha fueron las amenazas etarras, en no pocos casos de muerte. Y los amenazados eran conscientes de que, por desgracia, ETA estaba dispuesta a llevar a realizar esas amenazas. Ante eso no les quedó otro camino que el exilio, expulsados de su propia tierra por un puñado de asesinos.

Ese exilio, además de suponer un enorme trastorno personal y profesional, llevaba aparejado la imposibilidad de ejercer el derecho al sufragio. Una injusticia que se venía arrastrando desde hace más de dos décadas, pero a la que ningún Gobierno se propuso poner remedio. Por eso resulta doblemente digna de aplauso la iniciativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que se repare esa injusticia. Así, encargó al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un informe que dictaminase si jurídicamente era posible, mediante una reforma electoral, que los exiliados vascos pudieran votar. Ahora el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presentado las conclusiones de ese trabajo –elaborado por veinte expertos juristas-, que señalan que es viable y posible.

El primer paso, pues, está dado. Es evidente que su efectiva puesta en marcha requiere trámites, pero es de capital importancia que estos se agilicen urgentemente con el propósito de que ya en los próximos comicios del País Vasco puedan votar los desterrados. Y es también vital que se establezcan mecanismos para que los datos sobre sus actuales lugares de residencia no lleguen en ningún caso a partidos que son compañeros de viaje de la banda asesina. No debe olvidarse que ETA anunció el cese de sus “actividades” –esperpéntico eufemismo, si no fuera trágico, al no encubrir otra cosa que extorsiones, secuestros y asesinatos-, pero no la entrega de armas y su disolución.

Es hora de reparar de manera efectiva y sin dilación un derecho elemental en una parte de España, del que miles y miles de nuestros compatriotas estaban privados por obra y gracia de una banda de asesinos y la parálisis de sucesivos Gobiernos que no abordaron una cuestión como esta de enorme trascendencia no solo para el futuro del País Vasco sino también de España en su conjunto.