Mas por menos

La estrategia de Artur Mas es muy conocida en el mundo comercial: dar más por menos, más productos por menos dinero. A esto se suele apuntar todo el mundo, por lo menos mientras no se aprecia que lo ofrecido es de menor calidad (un pequeño Estado fuera de la Unión Europea) o se trata de una estrategia para copar mercado (poder político), la cual desemboca habitualmente en una posterior subida de precios (impuestos) salvo que se haya encontrado una fórmula que incremente la productividad. No parece el caso a tenor de las políticas de CiU tras dos años de gobierno. Mas sigue sin mostrar una clara salida a la crisis económica al tiempo que insiste en la política de recortes, más dura aún que la del PP en el Gobierno central, mientras ambos se escudan en la situación heredada y en las dudas sobre la economía europea para justificar su incapacidad, como otros antes se parapetaron tras la crisis financiera internacional.

Lo que el presidente de la Generalitat ofrece, más o menos abiertamente, es dar solución a los problemas de los catalanes, es decir, ofrece más servicios asegurando que pagarían menos impuestos. Pagarían menos porque todo lo recaudado en Cataluña iría a las arcas catalanas en el caso de que se consiguiese la independencia o sería Cataluña quien negociaría con el Gobierno central qué porcentaje de los impuestos recaudados por la Generalitat daría solidariamente al resto de España de aprobarse el pacto fiscal propuesto, mientras que en la actual situación buena parte del dinero recaudado en Cataluña no revierte a esta Comunidad Autónoma sino que lo recauda y gestiona el Gobierno central. Éste da a la Generalitat y a los ayuntamientos catalanes una parte según lo acordado en los acuerdos de financiación autonómica –aunque sobre el cumplimiento de esto siempre hay controversias con ésta y con otras Comunidades Autónomas– y el resto entra en la hucha común para los gastos generales del Estado. Hay que tener esto bien presente si queremos hacer un planteamiento justo, porque el discurso de las balanzas fiscales territoriales se falsea si no se tiene en cuenta que muchas competencias del Estado, independientemente de dónde se ejerzan, se ejecutan en beneficio del común, v. gr., la política internacional, los gastos de defensa, seguridad y de orden público o las grandes infraestructuras.

Es de sobra conocido que hay Comunidades Autónomas como Madrid y Baleares que aportan más a la caja común de lo que reciben del Gobierno central, incluso con porcentajes de retorno menores a los de Cataluña, pero esto no parece influir nada en el discurso catalanista, que insiste una y otra vez en el Memorial de greuges, retórica, por lo demás, muy similar a la de otros nacionalismos, regionalismos y localismos.

Cada vez que “Cataluña” –es decir, unas ciertas élites catalanistas arropadas en muchos casos por una multitud considerable como en la última Diada– levanta la voz y explicita los greuges y pide una compensación por ellos en forma de derechos, generalmente envueltos en historicismo, la respuesta de la mayoría de las fuerzas políticas españolas –incluido el PP y muy especialmente el PSOE e IU– suele ser la de buscar una solución a las reivindicaciones para que “Cataluña” se encuentre cómoda en “España”. En gran medida la política es esto: buscar solución a los problemas, pero convendría ir al fondo del asunto para analizar realmente la cuestión. Si miramos con ojos desprejuiciados la historia de la democracia española desde que las reivindicaciones catalanistas se expresaron en el Memorial de greuges en 1885, vemos que el esfuerzo ha sido constante por dar satisfacción a los “agravios”: se respetaron muchas de las peculiaridades del derecho civil catalán; se estableció la Mancomunitat en 1914; se negoció un Estatuto de Autonomía en 1918-1919, que no salió adelante por la división entre los propios catalanistas como reconoció Francesc Cambó; se aprobó finalmente un Estatuto de Autonomía en 1932 durante la Segunda República; y en la nueva Constitución de 1978 se volvió a dar respuesta a las reivindicaciones catalanistas con un Estado autonómico abierto que ha permitido ir mucho más allá de lo inicialmente expreso en la Norma fundamental, dando a la Generalitat un número cada vez mayor de competencias y de dinero para financiar las mismas como ha quedado claramente expreso en el nuevo marco de financiación autonómica y en el nuevo Estatuto de Autonomía. Todo es discutible y mejorable, pero la posición que ha adoptado el presidente de la Generalitat no es la de la negociación sino la de la imposición: si no hay pacto fiscal, entonces habrá independencia.

Es, sin duda, una posible salida, pero el fin no es necesariamente la Arcadia que a veces parece derivarse del discurso catalanista. Habría que hablar claro y poner sobre la mesa todos los pros y los contras que para la sociedad catalana y la sociedad española supone la independencia en el actual marco internacional de globalización. Además, y aunque es patente que un número importante de catalanes se muestran a favor de la independencia, hay que tener en cuenta que un porcentaje amplio de la población catalana no es catalanista, y hay que prever las consecuencias que supondría una declaración unilateral. A nadie se le oculta que en el largo camino durante el cual la sociedad catalana ha ido consiguiendo mayores cotas de autogobierno se han dado en muchas ocasiones lamentables retrocesos y cercenaciones como las dos dictaduras y la suspensión del Estatuto de Autonomía tras la rebelión catalanista de 1934. Para evitar estos pasos atrás, conviene tener bien presente que en todas estas situaciones hubo un apoyo importante de parte de la sociedad catalana, aunque algunos historiadores y políticos catalanistas quieran presentar estos hechos como la opresión de la España tradicional contra Cataluña.

Que un pueblo, que es una creación histórica, aspire a ser una nación –pienso que Cataluña lo es–, que es también una construcción histórica, y a tener su propio Estado es una aspiración legítima. Discutiría, no obstante, si el momento del nacionalismo no ha pasado y el camino debería ir en la dirección de integraciones mayores. Es incomprensible el discurso europeísta de los líderes catalanistas, que ofrecen gratuitamente la articulación de Cataluña en la Unión Europea y saltan por encima de la unidad española, cuando a Cataluña le unen históricamente muchos más lazos culturales y políticos con el resto de España que con Europa, siendo muchos los que le vinculan a ésta como a toda nación occidental.

Mas se ha envuelto en la senyera estelada para ocultar el fracaso de su política porque sabe que difícilmente podría sacar los presupuestos sin el apoyo del PP. Había que escenificar la ruptura y nada mejor que teñir de nacionalismo el gravísimo problema económico de “Cataluña”, encontrando nuevamente en “España” el culpable de todos los males de la patria. Tras más de treinta años de control de la educación y de los principales medios de comunicación catalanes por los catalanistas, sean estos convergentes, de ERC o del PSUC, el discurso del distanciamiento, de la separación, del agravio ha calado plenamente en las nuevas generaciones, las cuales se suman aparentemente en masa a la reivindicación independentista. Los partidos españoles han fracasado en la construcción de un discurso de nación cívica que hable a los ciudadanos concretos y no de entidades abstractas y esencializadas. Las cosas están como están. Los riesgos son demasiado importantes –para los ciudadanos concretos– como para dejar que Mas nos venda un discurso de que daría más por menos si ponemos en sus manos nuevamente los resortes del poder, y quizá de esto se trata: de no perder el poder. Se echa en falta el seny que en tantas ocasiones han mostrado Pujol padre y Duran i Lleida. Y también que el PSOE aclare qué quiere decir con esa palabra mágica con la que aparentemente se solucionaría el problema: “federal”. ¿Hasta dónde hemos de llegar para que el PP y el PSOE se sienten a establecer algunos acuerdos básicos en lo institucional y en lo económico?