Varapalo ciudadano a los políticos

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha arrojado un dato más que inquietante: detrás del paro y la economía aparece en tercer lugar la clase política como lo que más preocupa a los españoles. Esto confirma y refuerza una realidad que se ha estado gestando con especial fuerza en los últimos años. La clase política está hoy sumida en un hondo desprestigio que no debe continuar, pues podría degenerar en derivas imprevisibles, pero que no se aventuran precisamente deseables.

Sucesivos y reiterados casos de corrupción, no limitados a un solo color, falta de sintonía con las demandas ciudadanas –como una mayor democracia en el seno de las formaciones políticas-, injerencias en los otros poderes y, sobre todo, rentas derivadas a sus intereses de poder (televisiones, fundaciones y empresas deficitarias) y los de sus clientelas políticas, amén de otras muchas cosas han ido abriendo un abismo entre los ciudadanos y los políticos, quienes no pocas veces han adoptado actitudes de casta más sensible a sus propios intereses que a los generales. Los políticos ponen el grito en el cielo cuando constatan ese desafecto ciudadano, tachándolo de injusto y señalando que en todas las profesiones hay buenos y malos comportamientos. Cierto es eso, pero los políticos, por las características de su cometido, deben ser, si cabe, especialmente escrupulosos. Resulta esperpéntico, si no fuera tan triste y lamentable, que quienes deben ser proveedores de soluciones –no mágicas, claro está, pero sí oportunas y adecuadas- se conviertan en sí mismos en un problema que, además, lleva todas las trazas –y este último barómetro da cabal cuenta de ello- de ir en aumento.

Harían bien los partidos en tomar buena nota de la realidad y no echar en saco roto esta advertencia de los ciudadanos que les insta a embridar comportamientos inadmisibles. Y más, si cabe, en unos momentos tan delicados como estos, en los que se está demandando a la ciudadanía grandes sacrificios. La vicepresidente del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, salió al quite de los resultados del barómetro y ha dicho que el Gobierno admite el problema, anunciando el encargo de un plan para la regeneración democrática a un grupo de expertos. Bien está –y no sólo el Ejecutivo tendría que darse por enterado-, pero si esa toma de conciencia se queda finalmente en simple papel mojado no conseguiría otra cosa que incrementar el descontento.