Wert defiende la Constitución

El plante dado ayer por la consejera de Educación catalana, Irene Rigau al ministro José Ignacio Wert en la reunión convocada para dar a conocer los pormenores del borrador de la LOCME -Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa- sería impensable en cualquier otro país serio. Dicho plante se produjo por la intención del Gobierno de permitir que sean los padres los que escojan la lengua en la que se han de educar sus hijos. Se trata de algo tan elemental que cuesta creer que alguien pueda oponerse y, sin embargo, no sólo se oponen a ello, es que además lo hacen con altanería y soberbia.

La política de inmersión lingüística llevada a cabo en Cataluña impide que un niño pueda ser escolarizado en castellano; ha de hacerse obligatoriamente en catalán. Las dos, castellano y catalán, son lenguas españolas -al igual que gallego y euskera- , y como tal han de conocerse. En este sentido, resulta llamativo que la consejera de Educación catalana aluda a la, a su juicio, vulneración del artículo 3 de la Constitución para denunciar un supuesto “ataque al catalán”. Según dicho artículo, “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”

Y eso es precisamente lo que pretende José Ignacio Wert quien, en su toma de posesión como ministro, juró “defender y hacer defender las leyes”, entre ellas, la Constitución en primer lugar. Y si hay españoles que ven cercenado su derecho constitucional a que sus hijos sean escolarizados en castellano, lo suyo es que se legisle para que eso no ocurra. En este sentido, sería interesante conocer los motivos por los que parte de la izquierda política, judicial y mediática -desde el PSC hasta el diario El País- se empeñan en seguir haciendo el caldo gordo al nacionalismo en su cruzada contra el derecho a conocer y usar la lengua que deseen.