La crisis en perspectiva histórica (s. XVII) III

En la profusa gama de los comentarios y propuestas aportados por los memorialistas y escoliastas económicos del XVII es bien sabido que la interpretación monetarista de la decadencia figuró en lugar de honor. Una de las inteligencias más deslumbradoras y preclaras de una época rica en ellas, la del jesuita toledano Juan de Mariana -empeñado en una formidable batalla dialéctica con sus superiores a propósito de sus buidas críticas a gran parte de las casas nobiliarias de mayor rango de Castilla y Aragón- indicó ya en el ocaso del Quinientos, en su famoso y controvertido libro Del Rey y de la institución real, los grandes e irremediables perjuicios que se infligían a los pueblos por sus reyes al devaluar incesantemente la moneda. Pero no sería sino una década más tarde, cuando en su De Monetae Mutatione (Colonia, 1609), abordase con la latitud requerida tan crucial temática en la marcha de la Monarquía Católica, reiterando sus ataques contra la alteración de la moneda como origen de la decadencia de los imperios que, en el caso español, se encontraba agravado por una corrupción que, en el validato de Lerma –su particular “bestia negra”-, comenzaba a ser generalizada… Conocido es cómo bajo los dos reinados siguientes las fraudulentas prácticas denunciadas implacablemente por la audaz pluma del autor del primer relato de corte riguroso y científico del pasado nacional -la Historia de Rebus Hiispaniae-, no harían más que agravarse. De manera un tanto sorprendente –si bien ciertos estudiosos actuales arrancarán de tales fechas el proceso palingenésico de los primeros Borbones españoles-, la penúltima década del siglo XVII –particularmente azotada por desgracias climatológicas y demográficas- asistió a la resolución del endémico problema. Por sendos y trascendentes decreto promulgados en febrero de 1680 y 1686, tanto la moneda de vellón como –menos intensa y drásticamente- la de plata experimentaron una devaluación, que, a costa de incontables ruinas económicas y tragedias personales, lograron por fin llegar al ansiado puerto de la estabilidad monetaria. En ella, justamente, descansaría en buena parte la confianza de los planes reformistas del último de los proyectistas de raza, aunque, más bien, su precursora y adelantada figura haya quizá de incluirse, con más propiedad, en la reducida especie de lo hombres de acción con hondas raíces doctrinales. Pues, ciertamente, el abogado catalán Narcís Feliu de la Penya –tan plausible e infatigablemente reivindicado hodierno, en el surco de F. Elías de Tejada y Juan Bautista Vallet de Goytisolo, hodierno por el más reciente pensamiento tradicionalista-, galvanizó en esa etapa finisecular las energías latentes en la sociedad del Principado en orden al resurgimiento y nueva creación de establecimientos textiles, que, al tiempo que su producción el dogal de la importación extranjera y el contrabando, sentara los cimientos para su deslumbrante expansión americana en la centuria “de las luces”, obra, en ancha medida y en casi todos los terrenos, de catalanes y vascos, como a veces, hèlas, se olvida por tirios y troyanos. Mas ello, pertenece ya al próximo capítulo del presente libro y también de la Historia, que, como el tiempo y quevedianamente, “ni vuelve ni tropieza…”.

Acusados a las veces, como los regeneracionistas de la época del 98 dos siglos después, de utópicos y apocalípticos, debe, empero, reconocerse que la marcha del país refrendó y ratificó en muchas ocasiones las perspectivas y análisis de los arbitristas del tiempo de los Austrias menores. Tal sucede, verbi gratia, con un proceso capital del sector primario, hipertrofiado en la economía española por las razones antedichas. La historiografía más reciente y desmitificadora ha puesto de relieve cómo, a despecho de leyendas y gestos externos, el Estado de Felipe II impulsó una política de secularización en el plano de las realidades materiales que le llevó a la desamortización de una extensa porción de tierras en poder las Órdenes Militares. Su venta en algunas regiones – importará repetir que en el Quinientos- provocó un aumento de los propietarios medios que dieron estabilidad y productividad al campo de diversas zonas. Frente a ello, el “siglo de hierro” volvió a conocer un período de concentración de la tierra y de ampliación de los latifundios, tanto por la ruina de esa mesocracia agrícola aludida, como por la mejor conocida de los cabildos municipales. De ahí, que no tenga nada de extraño el que la gran propiedad –identificada en estos renglones con el latifundio- acabara de completarse, presentando una facies que no cambiaría sustancialmente hasta el siglo XIX, con sus grandes procesos desamortizadores.

Profundizando un poco más en ello, se observa que en el reino de Córdoba, verbi gratia, puede establecerse un estrecho correlato entre la crisis hacendística de los Austrias Menores y la privatización y patrimonialización de tierras comunales y baldías. El adehesamiento y el cercado de muchos lugares vecinales y particulares fueron la contrapartida, para burgueses y aristócratas, de su contribución al depauperado fisco estatal. Tanto los primeros como señores y ayuntamientos compraron de los impecunes Felipe III y Felipe IV –a veces también el César Carlos y, sobre todo, de su hijo…- el derecho de cerramiento de sus propiedades, con el fin de intensificar su explotación mediante la supresión, por ejemplo, de la “derrota de las mieses” y con el propósito, en ciertas ocasiones, de enmascarar y disimular la apropiación fraudulenta de bienes de propios, uso tan frecuente como lamentable en el siglo XVII por burgueses y nobles. Esta vía de “modernización” de la agricultura andaluza, coincidente en parte de su recorrido con la más conocida trayectoria de las enclosures inglesas de los Estuardos –y de los Tudor-, no desembocó, sin embargo, como en el caso de aquel país, en un verdadero capitalismo agrario por causas múltiples, de compleja y, a veces, aún no acometida investigación.

Relacionado en más de un extremo con el anterior tema se encuentra otro también de indudable importancia. En efecto, cómo la presión de los municipios repercutió en los cambios y modificaciones de la estructura de la propiedad agraria es, a todas luces, una cuestión capital para el conocimiento de la España del Seiscientos, para cuyo estudio, por fortuna, están ya muy avanzados los trabajos de una futura síntesis. Según cabe advertir y en definitiva, al final y como punto de no retorno siempre topamos con la misma realidad de concentración de la propiedad agraria.

Este giro en la agricultura seiscentista, que agota todos los calificativos ponderativos de importancia o trascendencia, se vio acompañado por algunos cambios en el sistema de explotación e igualmente de tenencia de la tierra. No obstante, como siempre, tal vez se haya abusado de trasvasar lo acontecido en algunas zonas peninsulares al resto de ellas y de los dos archipiélagos canario y balear. Las unidades de explotación se ampliaron al tiempo que los censos enfitéuticos se estacionan. Pero, ¿las capas más profundas del mundo rural de Extremadura, Murcia, La Mancha o Andalucía, el cuadro de pautas sociales, la mentalidad colectiva dejaron de ser alimentados en ellas por las mismas corrientes, hábitos y prácticas, con vigencia ya más que secular en todo ese espacioso territorio?... Probablemente, esta tendencia no se modificó, cobrando así mayor animosidad la relación de los campesinos no propietarios con los que lo eran y con los señores, unos y otros enriquecidos, a menudo, por la usurpación de tierras que no le pertenecían. De aquellos polvos procederían los lodos tantas veces ensangrentados de los siglos XIX y XX, con sus luchas agrarias y virulentos conflictos campesinos, sobre todo en el Mediodía …

Como ya se ha reiterado en las presentes páginas y resulta harto sabido, desde el Descubrimiento puede afirmarse que toda la economía española, y, singularmente la del sur peninsular, giró en torno a las Indias. Ya hemos visto, además, cómo se articularon los mecanismos del comercio americano en el Quinientos, así como sus principales incidencias en la vida española. En el siglo de la crisis también el tráfico ultramarino quedó impactado por las secuelas negativas de una etapa de contracción y marasmo. Sin embargo, la inmersión en la onda depresiva tuvo peculiaridades propias, que analizaremos muy sumariamente.

Con mayor peralte que en las etapas precedentes, los “frutos de la tierra” eran los únicos productos indígenas exportados, y ello merced al privilegio usufructuado por los comerciantes sevillanos y gaditanos, a quienes quedaba reservado el “tercio de toneladas de la flota”. Al lado de los frutos de la tierra, las manufacturas metálicas y textiles provenían todas, en el primer caso, del País Vasco –aplicación de las disposiciones proteccionistas de la Corona- y del extranjero, en el segundo, pues las casas comerciales de Sevilla y Cádiz se limitaban al simple papel de reexportadotas.

El binomio de las dos ciudades bajo-andaluzas que ha salido a relucir en las líneas anteriores, casi nunca estuvo bien avenido a lo largo de la España de los Austrias, sin que podamos siquiera, brevitatis causa, generalizar los motivos de ello. Tan sólo podemos mencionar que las fechas de 1680 y 1717 son la consecuencia de un proceso gestado durante todo el siglo XVII, generado a su vez por causas de índole económica, pero también social e institucional. A través de los decenios aludidos, la Casa de la Contratación sevillana perdió gradualmente su protagonismo en el control del tráfico ultramarino, que pasó al Consulado de Cargadores a Indias, sito en la misma capital hispalense y expresión en gran medida de los intereses de la colonia vasca, también muy poderosa en Cádiz. Poco a poco el elemento dinámico se impuso al anquilosado, y, pese a la feroz resistencia por parte de sus núcleos mercantiles, se produjo el desplazamiento del eje de gravedad del tráfico ultramarino de Sevilla a Cádiz, que en muchos casos no será sino consagrar una realidad. El episodio es muy ilustrativo de la influencia de los grupos de presión nacionales y extranjeros y de la escasa participación –consecuencia quizá de la carencia de verdaderas dotes empresariales y espíritu burgués, conforme se plasmaban en los pueblos e la Europa occidental- de los sectores indígenas, así como de los taifismos andaluces.