¿MOCIÓN ÉTICA O CÁLCULOS POLÍTICOS?

La abstención del PP en la “moción ética” que presentaron conjuntamente PSOE y PNV en el ayuntamiento de Mondragón ha vuelto a colmar el ánimo de los ciudadanos que no acaba de asimilar tanto desatino. Es intolerable que los partidos políticos que asumen la vía democrática como única posible para resolver cuestiones de Estado como el terrorismo no sean capaces de ponerse de acuerdo para enterrar definitivamente a ETA.

Arrojarse cifras de víctimas, arrimar a sus colores el dolor, politizar lo que debía ser una política común, no hace sino hundir su imagen ante una opinión pública hastiada de los desmanes terroristas pero también harta y disgustada de los cálculos de rentabilidad política de populares y socialistas. Y lo sucedido en Mondragón entre ambas partes es casi tan grotesco como lamentable. Por lo que hace al PSOE y PNV por proponer una piadosa e hipócrita “moción ética”, destinada a descafeinar el único objetivo verdaderamente ético: una moción de censura que es el mecanismo democrático por el cual se desaloja a una formación política de un determinado gobierno, pasando el poder a manos de la oposición. Una moción ética, amen de una perversión del lenguaje, consiste en el fútil ejercicio de “solicitar” la dimisión de quien no tiene la menor intención de condenar atentado alguno por la razón evidente de que actúa como correa de transmisión política de quien los comete. Así pues, aun cuando el PP estaba cargado de razones para denunciar la hipócrita e inútil maniobra, tampoco su actuación de abstención contribuye para nada a mejorar la situación. Más bien parece un cálculo político de signo opuesto –y, en este caso, equivocado.

Lo que realmente está en juego es echar a ETA de las instituciones y, si es posible, de la sociedad. Pero esto no se consigue a través de cálculos políticos más o menos repugnantes que paralizan cualquier acción contundente del lado de los demócratas donde, por cierto, no solo están socialistas y populares. Reflexión y, por supuesto, acción, pero conjunta y encarrilada hacia un fin concreto: la convivencia pacífica con ideologías múltiples basadas en el juego de la democracia parlamentaria y el respeto al adversario.

ARGENTINA: NEGACIÓN DE LA REALIDAD

La dimisión del joven ministro de Economía argentino, Martín Losteau, tras un sinfín de roces con Néstor Kirchner, es una muestra clara de cuál es la dirección que el Gobierno ha tomado respecto a la crisis económica que se le avecina. En lugar de asumir el problema en todas sus consecuencias y aplicar soluciones efectivas al mismo, la Presidenta ha preferido embarcarse en una irresponsable huida hacia delante, marcada por continuar las políticas económicas llevadas a cabo por su esposo, que, se han demostrado ineficaces. El sustituto de Losteau, Carlos Fernández, es un desconocido novel en políticas públicas y economía y no parece la persona más adecuada para llevar a cabo la inminente y difícil tarea. Con un país que se enfrenta a una crisis inflacionaria de imprevisibles consecuencias y con un acuciante problema con el sector agrícola -sin visos de solución a corto o medio plazo- designar ministerios únicamente en base a criterios de fidelidad política o amiguismo se antoja peligroso e irresponsable.

Losteau defendía la puesta en marcha de medidas que realmente pudieran rebajar la inflación que azota al país, causada, entre otras cosas, por el enorme gasto público del Gobierno y el desequilibrio entre la oferta y la demanda. De hecho, el catalizador de su dimisión ha sido el rechazo de la presidenta a un paquete de acciones para luchar contra la subida de los precios. La puesta en marcha de medidas económicas diferentes a las desarrolladas hasta ahora se aparecía como la única solución a los dos grandes problemas de la economía argentina: el campo y la inflación. Sin embargo, Fernández Kirchner parece empeñada en enquistar ambos problemas por su obstinación en no enfrentarse a la realidad.

LA LIBERACIÓN SECRETA

El atunero vasco “Playa de Bakio” navega hacia aguas seguras bajo la protección de una fragata española. Los marineros se encuentran bien, y pronto podrán reunirse con sus familias. Hasta aquí, las noticias son excelentes: el final feliz de un secuestro es siempre digno de elogio. Pero tras la buena nueva cabe hacerse más de una pregunta. Porque, a la parquedad de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en su comparecencia de anuncio del feliz acontecimiento se suma en todo este asunto una continua opacidad informativa.

Desde un primer momento quedó muy claro que el Gobierno enviaba un buque de la Armada a aguas somalíes casi a regañadientes, como si no le quedase más remedio. Se filtró y se dijo a quien quisiera oírlo que los efectivos militares a bordo de la fragata no intervendrían en ningún caso. Por contra, se insistió hasta la saciedad en agotar la vía diplomática, cuando tal cosa se antojaba poco menos que imposible en un país sin estructura política, gobernado por señores de la guerra y elementos de dudosa procedencia. ¿Con quién, entonces, se negociaba? Al parecer, con las “autoridades somalíes”. Qué y con quiénes se ha negociado está por ver, pero es previsible que, dado que los marineros ya están libres, se trate de evitar la enojosa pregunta. Ahora que ya todo terminó con bien, es tiempo de formular cuestiones y derivar lecciones. Y desde luego, si los secuestradores han recibido un solo euro como contrapartida, será una mala noticia para los intereses españoles: si el comportamiento delictivo resulta rentable, su repetición es probable. Ojalá no haya sido ese el caso.