El órdago soberanista de Mas

Cuando Artur Mas anunció que llevaría al Parlamento catalán una declaración soberanista, el Gobierno de Rajoy debería haber actuado en ese mismo momento. Ante determinadas actitudes y provocaciones no caben titubeos ni mirar hacia otro lado a ver si escampa. Porque no suele ser así, sino, por el contrario, lo habitual es que arrecie la tormenta. Así, el presidente de la Generalitat consumó el órdago y se creció con su triunfo. Echemos, no obstante, mano del refrán de que “nunca es tarde si la dicha es buena” para valorar positivamente que, por fin, el Ejecutivo empiece a plantar cara, con todas las de la ley, al desafío secesionista. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que el Gobierno, apoyándose en el informe emitido por la Abogacía del Estado y en cuanto se pronuncie el Consejo de Estado, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía de Cataluña.

El riguroso informe de la Abogacía del Estado no deja lugar a dudas, señalando claramente que la resolución unilateral del Parlamento catalán es recurrible, pues vulnera varios artículos de la Constitución: una Carta Magna que se dieron a sí mismo todos los españoles, por mucho que el señor Mas quiera obviar este hecho, lanzándose al monte de manera cada vez más palmaria y crispada. Ante la decisión del Gobierno, Artur Mas se ha apresurado a proclamar que no hay Constituciones ni leyes ni normas ni interpretaciones que frenen el derecho a decidir, pues, según él, es un tema de voluntad de la gente. Con este interesado y torticero confusionismo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña se sitúa al margen de la ley. Y, por cierto, lo hace encuadrándose en la peor tradición de la “españolada” política, queriéndonos introducir en una senda tortuosa y de imprevisibles consecuencias –que se presumen nada óptimas, dominada por la ruptura y la ilegalidad, y donde el seny catalán brilla por su ausencia.

La constante apelación al derecho a decidir, es, en primer término, una redundancia en cuanto que los catalanes vienen decidiendo, elección tras elección, desde hace más de tres décadas. Y ese derecho a decidir podrá no ser frenado si no arrebata ese mismo derecho a quienes igualmente lo poseen, es decir, en este caso, todos los españoles, incluidos naturalmente los catalanes. Pero no únicamente éstos de manera unilateral, como pretende el señor Mas. La soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos, no en una parte. El derecho a decidir tal y como lo concibe Artur Mas y lo ha planteado el Parlamento de Cataluña es un ataque a la democracia y la Constitución, hecho además con políticas de acción directa que no se pueden permitir. El Ejecutivo de Rajoy ha de mantenerse firme y seguir sin vacilaciones ni retrasos por el camino anunciado ante el órdago secesionista, claramente anticonstitucional.