¿Regresamos a la democracia medieval o de la "libertad de los antiguos"?

Tres noticias han destacado en el deprimente paisaje nacional de actualidad: otro capítulo más de las andanzas del señor Bárcenas, la reprobación del diputado Tony Cantó y la divergente votación de los diputados del PSC respecto de sus colegas del PSOE.

Esas noticias tienen un común factor: nuestra democracia ahora reacciona como una democracia antigua, aquélla que Benjamín Constant definió magistralmente como: “de la libertad de los antiguos”. Mientras las democracias “modernas” se fundamentan en el principio liberal del individuo como titular de todos los Derechos, las democracias “antiguas” (la Atenas clásica, la Ginebra de Calvino, la Roma de los Papas, etcétera) sometían a sus representantes a los dictados de la mayoría, mayoría que su vez se sustentaba en convenciones intocables, generalmente basadas en dogmas religiosos.

La democracia “moderna” consagró el derecho a discrepar, y además de fundamentar otros derechos del individuo, la licitud de la discrepancia llevaba a que los argumentos dogmáticos quedasen fuera -por una experiencia de violencias sectarias- del debate propio de las democracias de nuestro tiempo.
Pero la posterior superación de la ética religiosa en las sociedades laicas mantendría vigentes prohibiciones como la de “no mentir”. Por causas que tienen que ver con una religión que fomenta la ética de la responsabilidad individual, los cristianos reformados no concibieron la mentira como un pecado venial, como sucedió entre los católicos (salvo cuando afectaba a la Iglesia); los jesuitas y muchos teólogos católicos desarrollaron la “casuística” (Blaise Pascal fue el primero que la llamó así), una teoría que sostenía que mentir podía llegar a ser ético, dependiendo de los detalles de cada caso; también fue conocida como la doctrina de la “reserva mental”, una alambicada justificación del engaño; y fue un jesuita, Hermann Busembaum (1600-1668), el que escribió una frase que haría fortuna: “el fin justifica los medios”, es decir, una consigna para santificar la mentira.

Ver la mentira como algo incompatible con la política sería una de las causas que favorecieron el establecimiento de democracias modernas entre los pueblos protestantes; en sentido contrario, la difícil convivencia de la Iglesia Católica con las democracias liberales se explica porque tuvo escasa exigencia con la verdad cuando ésta se refería a asuntos terrenales, aquéllos de los que se ocupan los políticos de las democracias.

Se cree que mentir no hace daño en España, y en política aún menos. ¡Error! El problema no está sólo en mantener con la ética laica la prohibición religiosa para mentir, sino en convencer a toda la sociedad de que decir la verdad es vital para la democracia representativa. Y estas consideraciones me han surgido cuando compruebo que todas las personas con las que hablo piensan que lo peor del caso Bárcenas ha sido que la verdad ha sido despreciada por sus principales actores políticos. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha acusado a Bárcenas de estar “metido en un embrollo de mentiras”. Nada que objetar. ¿Y la señora Cospedal? ¿No ha sido un ejemplo de lo peor del “casuísmo”, encima con los abominables trucos de la “reserva mental”, cuando ha explicado -en medio de una gran carcajada jansenista y volteriana- el rollo ese del finiquito a plazos del antiguo tesorero millonario?

Lo sucedido con el diputado Tony Cantó obedece a lo mismo. Si esta democracia parlamentaria estuviese sana, los demás diputados (incluyendo los competidores de su mismo partido) estarían jubilosos y encantados con las cosas que dice el señor Cantó sobre las mujeres; harían votos para que siguiera expresando sus opiniones. Pues ha sucedido al revés. ¡Benjamin Constant acertó con los rasgos de “la libertad de los antiguos”! Los actuales diputados han censurado al diputado Cantó por hablar; hoy no se admiten las meteduras de pata en esta democracia. No vayamos a la Esparta clásica, o a la Roma de la infalibilidad papal. El antecedente contemporáneo más próximo lo encontramos en la República Islámica de Irán: allí es posible destituir a un diputado cuando conscientemente manifiesta opiniones que son calificadas de error por las autoridades supremas.

Y hablando de la santidad de las opiniones (es decir: los dogmas), nos encontramos con que los diputados catalanes del grupo socialista del Congreso han votado afirmativamente al llamado “ derecho a decidir” (la secesión de Cataluña), mientras sus demás compañeros votaban en contra. Después de aquella editorial conjunta de toda la prensa catalana en favor de su Estatuto y en contra del Tribunal Constitucional, y de la posterior manifestación hecha por los mismos motivos (presidida por José Montilla, presidente socialista de Cataluña), ¿era posible para esos diputados socialistas romper la sagrada unidad catalana? Sí; hubiera sido posible, incluso, deseable. Más no en un Congreso que acababa de penalizar la discrepancia individual con Cantó como ejemplo. Una nota más de esa misma deriva: Pere Navarro, el máximo dirigente socialista catalán, ha advertido a la diputada Carme Chacon que no podrá mantener su escaño por Barcelona si no obedece las directrices del partido. ¡Votar ya no es un derecho sino una obligación! Como la diputada se temía esa doctrina, adoptó una decisión propia de la “libertad de los antiguos”: ¡se quedó sentada sin ejercer el derecho a discrepar votando!