Reforma universitaria

“En sólo diez años de docencia he visto cómo la mayoría de mis mejores alumnos abandonaban la Universidad, antes, durante o en el momento de haber concluido su tesis doctoral, al darse cuenta de la actitud que deberían adoptar para seguir con sus estudios (…) Y, por supuesto, vi trepar a los trepadores, de pensamiento mediocre y astucia productiva, que saben de inmediato en dónde deben ponerse y a quién deben pegarse, que no tienen ningún inconveniente en escribir siempre de acuerdo con las normas editoriales, de modo que así todo es más rápido en tanto que menos exigente”.

Estas palabras las escribía en febrero de 2012 la profesora Annick Stevens al renunciar a su profesión docente en la Universidad de Lieja, donde ejercía desde 2001. Su carta de despedida recorrió por Internet departamentos universitarios de todo el mundo, especialmente europeos. Echaba por la borda once años intensos de docencia e investigación. Los argumentos esgrimidos los sostenemos muchos profesores españoles que observamos, desde hace décadas, cómo se juega política y gremialmente con el concepto Universidad bajo pretextos de renovación, reforma, cambio gradual de los tiempos e innovación científica.

El recuerdo de esta renuncia lo motiva el informe de la comisión de expertos seleccionados por el Ministerio de Educación para asesorar otra reforma universitaria y hecho público a mediados de febrero. Lo resumió y comentó la prensa sobradamente. Quienes hemos asistido al espectáculo profuso de leyes orientadas a la mejora de la calidad y promoción científica, apenas nos inmutamos con tales textos. Uno más, decimos. Leemos casi entre líneas el documento. Siempre la misma monserga, semejantes muletillas, tópicos.

La Universidad refleja el medio social que la promueve. Y si la sociedad está en crisis, ella también. Si hay corrupción en el medio público, no menos en el cualificado, sutil, como corresponde a inteligencias acostumbradas al método científico. Y la crisis universitaria es más vieja que la económico-social de ahora, que la secunda. Informes y leyes los hubo sobrados como para que la Universidad española brille por sí misma y con excelencia. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 intentó dotar a la joven democracia española de una institución científica sólida, bien fundada y de rango internacional otorgándole autonomía y libertad de cátedra. Dispuso controles bastante aceptables de ingreso y promoción de niveles académicos. Es abierta y adaptable a circunstancias y cambios requeridos. Sin embargo, no funciona. La fundieron. ¿Quiénes? Los mismos que hoy pretenden reformarla o descendientes suyos. Aquellos que se sirvieron de la política autonómica para acceder a los puestos mediante recursos de partido, sindicato, gremio ideológico. Quienes crearon verdaderas sagas familiares o coyundas de amiguismo académico. Y a medida que entraba dinero derivado de las ayudas europeas, interés de la empresa pública por un desarrollo científico que nunca había mostrado. Se desató la fiebre de los proyectos de investigación, especialmente los gremiales y orientados a planes de los gobiernos. Había recursos. Ya no. ¿Por qué? Porque la Universidad cayó en la trampa de la politización, inevitable, por otra parte, para obtener ayudas significativas. Porque las empresas se retraen al no ver la tajada económica o rendimiento público que pudiera corresponderles. Porque se dilapidó dinero en aras de promociones interesadas con proyectos inútiles, desmedidos y sin resultados convenientes. Porque los rectores usaron el en beneficio de estas campañas e incluso para su promoción personal en medios públicos. Sobre todo, y esto es lo grave, porque la abundancia monetaria y libertad autonómica no se acompañó de los cerebros debidos. En la Universidad entró mucha mente mediocre, utilitaria en la mayoría de los casos. Y no por falta de viveza, sino por carencia de algo más profundo. El amor a la sabiduría. La impotencia creadora. Y esto no se improvisa.

El concepto de Universidad está cambiando y sus exigencias ya no son las de antaño. Especialmente en Humanidades. La transmisión del conocimiento puede hacerse de otro modo. Se requiere, en cambio, un incremento de la calidad reflexivamente crítica. Y el talento creador solo aparece de cuando en cuando. Si la Universidad consigue no anularlo, ya ha avanzado mucho.
“Teniendo en cuenta los actuales criterios, sigue diciendo en su carta Annick Stevens, Darwin, Einstein o Kant no tendrían hoy ninguna posibilidad de que los seleccionaran”. Totalmente cierto. Una frase imbécil que oía con relativa frecuencia cuando me incorporé a la Universidad era la siguiente: “Aquí, en este departamento, si se presenta Einstein, nos lo …”, cargamos, traducido en vulgar menos hiriente.

Cualquier sistema que se invente en España para renovar la Universidad, queda banalizado al poco tiempo. Si no hay personas con ética profesional, ninguna ley puede crearlas. Y esto es lo que el ambiente universitario impide, la aparición de profesores autónomos, independientes, consagrados al ejercicio crítico del conocimiento. Los gobiernos siempre han recelado de este perfil. Les inquieta la deriva ideológica asociada a ciertas materias y actitudes docentes. Por eso les ha venido muy bien la propuesta del Plan Bolonia, de 1999. Bajo el estímulo de la creación de títulos de materias según la iniciativa de cada universidad, la reducción a cuatro cursos de los cinco anteriores para las carreras, se ocultaba un cambio profundo de la figura del profesorado. Las nuevas técnicas, en principio estimulantes, se convirtieron en cargas burocráticas y administrativas. El profesor se convirtió en un burócrata repartido entre funciones de gestión, docencia e investigación entreverada de informes, instancias, avales, mendicidad económica, justificaciones. La nueva imagen es la de productor. Por eso priman los más “eficaces” a que se refiere Annick Stevens.

El problema acuciante de la Universidad es el Plan Bolonia y el sucedáneo de control empresarial denominado ANECA, una agencia que otorga acreditaciones académicas según baremos redundantes. El informe de expertos antes citado no analiza el trasfondo boloniano, pero sí el de acreditación. Recoge el malestar del profesorado al respecto y críticas que algunos hemos hecho por escrito y oralmente. La creación de la ANECA en 2002 dio un corte larvado a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra. Supuso una involución seria del concepto estatal de docencia pública. Invalidó en gran parte las competencias reconocidas por los controles ya habilitados por el Estado para garantizar la calidad docente. Y confió a camarillas editoriales el eco de las publicaciones ahorrándose el trabajo de una lectura atenta y contrastada. Su anonimato rinde justicia a unos y posterga, prácticamente indefensos, a otros, según la nobleza de las comisiones convocadas.

Si se quiere reformar de veras la universidad española, exíjase al profesorado conocimiento exhaustivo, y público, de las materias que regenta. Foméntense sus publicaciones representativas. Increméntese el número de miembros en los tribunales y por sorteo entre los profesores ya cualificados, para reducir el efecto de presión departamental y endogámica. Evítese la contratación de candidatos en las universidades donde han estudiado, defendido sus tesis o hecho prácticas, al menos por un período largo de tiempo. Ábranse las puertas, o no le pongan candados, a quienes ya están reconocidos en universidades extranjeras y desean retornar a España. Acredítense las tesis doctorales en otros niveles de la sociedad como garantía de método y eficiencia organizativa. Y sobre todo, asígnense al profesorado cometidos propios de su preparación con funciones estrictamente docentes e investigadoras. Déjesele trabajar con tiempo libre en su competencia reconocida. Y como colofón, otórguesele el prestigio que tiene en los países más desarrollados de la Unión Europea.

Sería mucho pedir, sin duda, que la Universidad quedara en manos verdaderamente universitarias.