Una autoridad independiente vigilará el equilibrio presupuestario de las administraciones, tal y como recomendó Europa a España el pasado año. El organismo contará con “plena autonomía” y “no estará sujeto a órdenes del Gobierno”, ha asegurado Soraya Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo constituirá también un grupo de trabajo para perfilar una normativa de consenso contra la corrupción.
España contará con una
autoridad fiscal independiente, tal y como recomendó Europa a nuestro Gobierno en julio de 2012. Lo ha anunciado Soraya
Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras el
Consejo de Ministros de este viernes. La vicepresidenta ha descrito este organismo como un “ente público con plena autonomía” que deberá garantizar el principio de equilibrio presupuestario ya presente en la Constitución. Analizará y vigilará la política fiscal de las administraciones, tendrá personalidad jurídica propia y, según Sáenz de Santamaría, “no estará sujeta a órdenes” del Ejecutivo.
Junto a la portavoz, el ministro de Educación, Cultura y, hoy especialmente, Deporte.
José Ignacio Wert ha presentado la nueva Ley Antidopaje, llamada también De Salud del Deportista, ya que endurece los controles sobre sustancias no consentidas. La normativa nacional se adapta así a las exigencias del Código Mundial Antidopaje y responde a las exigencias de las más altas instancias internacionales en esta materia, con el foco puesto en nuestro país, manchado en estos momentos por la ‘Operación Puerto’ y con la aspiración de unos Juegos Olímpicos en Madrid.
Ya en turno de preguntas, la
corrupción. Sáenz de Santamaría venía con la tarea preparada y ha anunciado que se ha constituido un grupo de trabajo, que lidera el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para concretar sobre el papel los principales acuerdos con la oposición en esta materia, principalmente los referidos al control de la actividad económica de los cargos públicos. Aunque instada a ello, no ha querido hablar de la posible futura imputación de Rita Barberá, cuyo nombre surge de las pesquisas sobre Nóos, y en este y el resto de casos ha dicho que son los tribunales los que tienen que hablar. “En los asuntos judicializados, nuestro máximo respeto a la actividad de los tribunales”, ha mantenido.
Otra de las cuestiones calientes era
Corinna. La pasada semana se preguntó su ha colaborado con el anterior o actual Gobierno. Esta vez, la atención en otro punto: ¿Pagó el Estado la reforma de la vivienda en la que se ha alojado, cerca de El Pardo? El consejo de administración de Patrimonio Nacional es el encargado de la “conservación, mantenimiento y seguridad” de los bienes de la Jefatura del Estado, ha explicado. El Gobierno “no tiene ni tiene por qué tener datos”, ha zanjado.
Cataluña ha cerrado la comparecencia. Sus gobernantes no aceptan la impugnación de la declaración soberanista que hace siete días se detalló en La Moncloa. La vicepresidenta se ha limitado a afirmar que “espera” que
Artur Mas y Oriol Junqueras “respeten los mandatos de la ley”, de la que nadie puede “estar por encima”. Aún no hay fecha para una reunión entre el presidente del Gobierno y el autonómico, prevista desde hace dos meses.
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