El problema de la corrupción es uno de los más preocupantes en el ámbito internacional, y especialmente
álgido en el contexto actual de la sociedad española; basta recordar que la corrupción ha ascendido al segundo lugar del ranking de los problemas o preocupaciones para los españoles, según la última macroencuesta publicada por el CISS.
En el plano internacional cabe hacer referencia al último informe de la organización Transparencia Internacional en relación con la corrupción existente en nuestra
Aldea Global; esta organización ha publicado hace poco el
Índice de Percepción de la Corrupción 2012, que mide el nivel de percepción que sobre la corrupción muestran los ciudadanos e instituciones de cada país, y que revela que el setenta por ciento de los 176 países analizados presentan una calificación de Suspenso, dado que en una calificación entre 1 y 100 alcanzan una puntuación inferior a 50. Lo más grave, además, es que hay 49 países cuya nota es
muy deficiente, es decir obtienen un suspenso muy bajo, con una puntuación inferior a 30.
Por otra parte, se aprecia una fuerte correlación entre corrupción y pobreza, evidenciándose además una alta corrupción en las regiones y países donde prevalece la falta de transparencia, lo cual viene a reforzar la idea de que la transparencia es sin duda el mejor
antídoto contra la corrupción. Una visión general de la corrupción en los distintos países se puede apreciar en el
Mapa mundial de la corrupción que se recoge al final de estas líneas.
En lo que se refiere concretamente a España, cabe destacar que se ha venido experimentando un descenso gradual de la puntuación de nuestro país en este Índice: 7’1 en 2004; 7 en 2005; 6’8 en 2006; 6´7 en 2007; 6´5 en 2008, 6´1 en 2009 y 2010, 6´2 en 2011 y 6´5 (65 sobre 1000) en 2012, ocupando éste último año el puesto 30 entre los 176 países evaluados. Si nos comparamos en cambio con los países europeos, ocupamos un puesto mucho más mediocre: el puesto 16 entre los treinta países de este área geográfica, quedando claramente por debajo de los países del centro y del norte de Europa, y bastante lejos de países como Dinamarca, Finlandia o Suecia.
Ello viene a evidenciar, en definitiva, la situación manifiestamente mejorable de España en cuanto a corrupción, y que además, con los escándalos que han venido aflorando a la luz pública en estos tres últimos meses, se explica que la corrupción haya ascendido a ese segundo lugar en las preocupaciones de los ciudadanos.
Nos encontramos por tanto, ante una importante
encrucijada, la derivada del importante nivel de corrupción, por una parte, y de la necesidad de incrementar la transparencia de las instituciones y el
derecho a saber de los ciudadanos, por otra. Ante esta situación los responsables políticos de este país han de prestar una atención y una dedicación profunda y quizá un nivel de valentía, generosidad y sacrificio sin precedentes, si es que desean lograr que esta tan castigada sociedad española por la crisis económica, y ahora por la contrastada falta de credibilidad en su clase política, llegue a salir de ésta muy delicada e insoportable situación.
En todo caso, y tratando de ser positivos, podríamos considerar esta profunda crisis como una oportunidad para hacer importantes cambios y resolver algunos de los grandes problemas de la realidad social, institucional y legal en este país.
Tal como manifestamos a los señores Diputados hace apenas dos meses en una comparecencia en el Congreso relacionada con la nueva Ley de Transparencia, resulta tan necesario como urgente un verdadero y efectivo
Pacto de Estado contra la corrupción, el cual debería recoger de forma clara una serie de medidas concretas que sirviesen para prevenir y combatir eficazmente la corrupción política, y de paso quizá aumentar la credibilidad y disminuir la desconfianza ciudadana en la clase política.
Una de las primeras medidas o contenidos de ese Pacto debería ser la inclusión de los propios Partidos políticos dentro de la nueva Ley de Transparencia, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. De esta forma, y al igual que se contempla en dicha Ley para las más de 21.400 instituciones públicas de este país, también los Partidos políticos tendrían que pasar a informar puntual y periódicamente de un gran número de datos y aspectos económicos y financieros en relación con sus actividades, tales como sus Presupuestos, sus Cuentas anuales completas (y no sólo una parte de ellas, como se contempla en la nueva Ley de Financiación de Partidos), todos sus contratos, subvenciones, retribuciones, convenios, etc. Además de esta medida, el pacto debería recoger otras importantes medidas contra la corrupción, por ejemplo, una cobertura legal para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, así como un cambio en la legislación electoral para que dejen de ser cerradas las listas electorales y podamos los ciudadanos excluir, por ejemplo, a los sospechosos o potencialmente corruptos, etc., etc.
Son muchas las cosas que hay que hacer en este país para combatir la corrupción y para que los ciudadanos puedan volver a recuperar la confianza en la clase política y en las instituciones. Y la llave de la credibilidad ciudadana, tal como manifestamos en la citada comparecencia parlamentaria, la tienen los propios Partidos políticos, aunque sea una llave que -como nos respondió el diputado vasco Olavarría-
les queme.
MAPA MUNDIAL DE LA CORRUPCIÓN
Si (
No(
