Desafío totalitario contra el TC

Es una buena noticia que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la declaración soberanista emitida por el Parlamento catalán el pasado mes de enero, al mismo tiempo que deja en evidencia las estratagemas de las organizaciones secesionistas, sobre las que no cabe engañarse un segundo más ni demorar la toma de decisiones que respondan a la envergadura del desafío.

Primero la reacción parlamentaria catalana y, después, las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ante la resolución del Alto Tribunal no dejan resquicio a ningún equívoco. El Parlamento autonómico ha rechazado la propuesta del PP, secundada por Ciutadans, de aceptar el dictamen del Constitucional y paralizar las actividades secesionistas de la Cámara catalana. La votación ha dejado palmariamente clara la intención de los partidarios de la secesión: el simple y directo desacato e insumisión a la ley, incluyendo aquella que les permite constituirse en parlamento. Particularmente penosa resulta la votación en este sentido del PSOE-PSC, que se ha sumado y desvinculado innumerables veces del proyecto, en un círculo vicioso de autocontradicciones que sería cómico si no resultase patético en su permanente inconsecuencia.

La votación del Parlamento catalán alerta, por sí misma, de que el embite no se dirimirá simplemente en el campo jurídico –como si sucedió con el “Plan Ibarretxe”-, sino que el Gobierno español y las instituciones del Estado deben ir pensando en los resortes políticos que habrán de orquestar para hacer cumplir la ley a sectores que ya se han acostumbrado en demasiadas ocasiones a incumplirla.

La declaración de Artur Mas está, en cambio, plagada de subterfugios y engañosas astucias verbales que tratan de encubrir lo que no es más que una frontal insubordinación a las leyes. Nada menos que ha calificado de “hecho insólito” la decisión del TC, cuando conoce perfectamente que el artículo 161 de la Constitución permite al Gobierno “impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas”. Declarar que estamos ante una resolución “altamente preocupante y profundamente decepcionante” entra de lleno en el lenguaje victimista que tan altos réditos dio en el pasado a su formación y que hoy resulta de todo punto inaceptable.
Tampoco engaña a nadie su ocultación del hecho central de la declaración secesionista que Artur Mas patrocina, que no es otro que definir a Cataluña como “sujeto jurídico y político soberano”. Artur Mas argumenta mendazmente que “no vamos contra nadie”, cuando el proyecto abanderado por la Generalitat va directamente contra la soberanía nacional que reside en todos los españoles y su propósito último es la destrucción de la nación española.

Igual de falsificadora resulta su defensa de la legitimidad democrática del plan de secesión, embozada en esa añagaza retórica que es el “derecho a decidir”. El lenguaje periodístico y político ha caído, una vez más, en una treta semántica diseñada para ocultar la verdad. El “derecho a decidir” de Artur Mas no es otra cosa que el derecho a decidir de unos pocos e imponer su decisión a la mayoría. De nuevo, una retórica victimista al servicio de una intención totalitaria. Debemos, por el contrario, comprometernos a un auténtico derecho a decidir de todos sobre los asuntos que nos afectan a todos y no dejarnos embaucar por un lema-trampa concebido para burlar los mecanismos auténticamente democráticos.

La decisión del Tribunal Constitucional ha ayudado a quitar las últimas máscaras de esa maniobra totalitaria que ciertas organizaciones catalanes quieren hacer pasar por democráticas cuando encubren una forma hipócrita de golpe de Estado. Las instituciones del Estado deben tomar buena nota de lo que supuso la jornada de ayer, y particularmente el Gobierno de Mariano Rajoy, corregir su tardanza e indeterminación en hacer previsiones y adoptar medidas a tiempo. Y no exclusivamente jurídicas. Dentro de la financiación asimétrica que proyecta con fines pactistas, debe plantearse en qué proporción el dinero de todos los contribuyentes españoles está financiando una secesión que destruiría su propia condición de ciudadanos españoles.