La defensa con dinero público de los ERE

La Junta de Andalucía anunciaba ayer su disposición de abonar la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados de los ERE. Dicho de otro modo, se utilizará dinero público para pagar la defensa de aquellos altos cargos acusados de usar ese mismo dinero público en beneficio propio. Aquí, el concepto de “beneficio” es sumamente amplio, ya que abarca desde la financiación irregular de CCOO y UGT hasta fiestas con prostitutas y cocaína, pasando por el otorgamiento de jugosas pensiones a allegados del PSOE.

Siendo escandaloso todo lo que rodea al caso de los ERE, lo es más que la Junta utilice dinero de los contribuyentes para que “los suyos” salgan indemnes. Bien es verdad que se trata de una potestad que concede el reglamento de la cámara autonómica y no de un imperativo. Es de esperar, no obstante, que ninguno de los imputados se acoja a ese privilegio y afronten las consecuencias de sus actos sin expoliar todavía más las arcas públicas. Por otra parte, la imagen que están dando PSOE, Izquierda Unida y sindicatos en todo este asunto es de todo punto deplorable.