El PSOE se opone a la Ley de Transparencia

El Pleno del Congreso aprobaba ayer jueves la Ley de Transparencia, con los votos del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias y la negativa del PSOE, justificada por el caso Bárcenas. Justificación, por otra parte, carente de toda lógica, por cuanto una cosa es la tramitación de algo tan importante como la Ley de Transparencia y otra muy distinta el caso Bárcenas. De hecho, si en su momento se hubiera articulado una norma como la que ahora se debate, es más que probable que los Bárcenas de turno lo hubiesen tenido muy difícil para llevar a cabo sus manejos.

Una ley de Transparencia –junto a otra de financiación de partidos- son imprescindibles y complementarias para la regeneración de la vida política española: la primera, denunciará a los corruptos y, la segunda, les dejará sin oportunidad de lucro. El texto definitivo de la ley de Transparencia -tras el trámite en el Congreso pasa ahora al Senado- delimitará el ámbito de aplicación de la ley. Sería deseable que fuese de amplio espectro; no ya sólo Casa Real -que también-, sino partidos políticos, sindicatos, Banco de España y demás entidades y colectivos perceptores de dinero público, sin olvidar a los medios de comunicación. El ciudadano tiene derecho a saber cuál es el destino de cada euro que el Estado otorga en este sentido. Esta ley, por tanto, viene a solventar una deficiencia a la que había que haber puesto remedio hace mucho tiempo. De ahí que siga sin comprenderse muy bien la oposición socialista a una iniciativa de tanto calado. De hecho, es ahora el PSOE quien se parapeta tras Bárcenas a propósito de la Ley de Transparencia.