La carrera del deshonor

Juan Belmonte, analfabeto culturizado en las dehesas y los cafés, pronosticó, en unas breves y certeras palabras, lo que sería la evolución de la política española moderna cuando alguien, extrañado, le preguntó cómo un banderillero suyo había podido llegar a Gobernador civil: “Pues ya ve. Degenerando, degenerando…”, le contestó tartamudeando el que, para Antonio Burgos, era el Demóstenes de la Generación del 98.

Pura degeneración, como predijo el torero, es lo que vemos en estos tiempos, triviales como un baile de disfraces, parafraseando a Sabina, en el que cada desastre, cada despropósito de nuestra clase política resulta casi intrascendente a la opinión pública, pues la cosa ha evolucionado a tales niveles que la ciudadanía ha perdido la capacidad de sorprenderse e, incluso a veces, de indignarse.

Igual que en el tango de Discépolo, los inmorales nos han “igualao”, dominando una sociedad en la que se priman valores que, no hace mucho, resultaban, cuanto menos, vergonzantes, en una tiranía que ha acabado por enlodar a una sociedad enferma de incultura y cainismo.

En la antigua Roma se tenía un sistema para intentar que los ciudadanos que ocupasen una magistratura pública estuviesen preparados para tal honor. El cursus honorum, o “carrera de honores”, establecía una serie de pasos y requisitos obligatorios para todos aquellos romanos que querían participar en el gobierno de su nación.

Para llegar a la más alta magistratura, el consulado, el ciudadano romano debía pasar previamente por una serie de responsabilidades públicas, de menor a mayor importancia hasta llegar a la cúspide del poder. Ese itinerario, que aseguraba, al menos, experiencia a los gobernantes, limitaba el tiempo de disfrute de cada responsabilidad y recogía diversos requisitos para acceder a los diferentes cargos. De esta forma, la mayoría de las magistraturas disponían de una edad mínima para acceder a ellas y, en diversas etapas de la historia romana, se exigía haber servido previamente durante años en el ejército.
Casi 2.200 años después de que se inventara el cursus honorum nuestro acomplejado sistema democrático, lejos de perfeccionar la idea latina, se resume en aquella estremecedora frase que Rodríguez Zapatero, dicen, le soltó a su esposa al llegar a la Moncloa: “Sónsoles, si he llegado yo a Presidente del Gobierno, puede hacerlo cualquiera”.

Lejos del piropo democrático que Zapatero quería hacerle a nuestro país, aquello fue la muestra de una degeneración política que venía de lejos pero que, como vemos ahora, aún no ha alcanzado su cúspide. La “aristofobia”, que diría Ortega, ese mal endémico de los españoles, que odian a todo aquel que destaque en algo, ha configurado un sistema político en el que los partidos, instituciones destinadas a ser el cauce por el que los ciudadanos participen en el gobierno de su nación, se han convertido en entes endogámicos e impenetrables en los que se puede entrar con 18 años y, tras mucho aplaudir en mítines, llegar a ministro de lo que sea, o a Presidente, sin haber terminado la carrera en ese lapso de tiempo ni haber cotizado a la Seguridad Social.

La carrera de Susana Díaz, que debería avergonzar a toda la ciudadanía, es el referente de esos jóvenes de las juventudes de todos los partidos que, anclados en primero de carrera desde hace un lustro, son concejales de juventud en sus pueblos sin mérito, talento, ni más oficio que el de la política.
En cualquier país medianamente serio sería una vergüenza, además de una tremenda irresponsabilidad, que un analfabeto funcional se aupase hasta alguna alta responsabilidad. Aquí, la tiranía de lo políticamente correcto nos presenta los casos, en los que la falta de preparación y de cultura son evidentes, como ejemplos de la grandeza de la democracia, obviando que estas personas son un auténtico riesgo para el buen funcionamiento del sistema. Como ya diría el historiador italiano Carlo M. Cipolla en su famosa obra, Allegro, ma non troppo, un estúpido resulta mucho más peligroso para la sociedad que un malvado.

Francia, cuna del progresismo y de los derechos del hombre, dispone, para asegurar dentro de lo posible la preparación de sus dirigentes, de una institución que aquí, parte de nuestros políticos tacharían de elitista y antidemocrática. Se trata de la Escuela Nacional de Administración, un centro en el que se preparan buena parte de los altos funcionarios de Francia. A la escuela se accede mediante unas oposiciones durísimas. Los que las superan, un tanto por ciento muy bajo de los candidatos, se convierten en funcionarios, reciben un salario y se comprometen a servir al estado al menos durante los próximos diez años. La preparación, que abarca todos los ámbitos de la administración del estado, incluye también formación práctica para los alumnos en prefecturas, consulados y organismos internacionales.

Este modelo, que como todos tiene sus fallos, ha sido acusado por algunos sectores del país galo de convertir a sus alumnos en un lobby que, desde hace décadas, copa los ministerios y las grandes empresas francesas. Sin embargo, al menos, es un sistema. Aquí, lejos de buscar la excelencia, ahí donde más falta hace, hemos dejado la responsabilidad en manos de los peores, que se baten en una carrera que, más que por el honor del cargo, acaba en el deshonor de todos nosotros.