Así están las televisiones autonómicas

El de las televisiones autonómicas es un debate que viene de largo y que la crisis ha agudizado. El anuncio de cierre de la Radiotelevisión Valenciana lo ha puesto en primer plano y han visto la luz las cifras de esta realidad, los pros y los contras de estas corporaciones. Sus principios, cosa aparte es que se cumplan, son "objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias; separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, y proteger a jóvenes y niños", dicta la ley 46/1983, que regula estos canales. Nacieron aquel año precisamente.



Son trece en la actualidad; doce cuando se consuma el apagón. Además de la Comunidad Valenciana, disponen de medios Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y País Vasco. Estos, salvo el extremeño, se integran en la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos), constituida en 1989 y que, entre otras funciones, compra contenidos y derechos para emisiones conjuntas y gestiona la publicidad. Faltan en la enumeración Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

La financiación de los entes regionales es mixta. Es decir, subvención pública e ingresos por publicidad. Pero cada autonomía destina cantidades distintas en sus presupuestos. En total, estas televisiones cuestan a las arcas 880 millones y acumulan a día de hoy una deuda próxima a los 3.000. Un tercio del agujero corresponde a Cataluña, que debe 1.000. Es Cataluña también la que más dinero destina a este fin (225 millones este año), por delante de Andalucía (113) y País Vasco (105), según datos de la Forta. La inversión en estas trece radiotelevisiones ha caído, no obstante, un 30 por ciento en los últimos tres ejercicios.

También según la Forta, a cada español le cuesta de media 21 euros el mantenimiento y la actividad de estas, frente a los 30 de antaño. La situación no es sencilla debido a que la crisis publicitaria, que buen daño ha hecho y hace al sector privado, se ha cebado igualmente con el público. Esto contrasta con las crecientes plantillas, fenómeno compartido por las distintas corporaciones, muy diferentes en otros aspectos como la audiencia, con buenos registros en comunidades como Andalucía y pobres en los casos de Madrid o el más conocido estos días, Valencia, donde los espectadores cayeron del 20 al 4 por ciento de cuota al tiempo que el número de empleados no dejaba de elevarse.

La RTVV tenía en nómina a 1.695 personas. El ERE afectó a 1.295 de ellas. Telemadrid, 1.170, y su ERE, a 829. ¿Caminos paralelos? Así parece. La anulación de los despidos en el primer caso ha servido de justificación para poner el punto y final, debido al coste que supondrían las reincorporaciones. Habría que sacrificar partidas de Educación y Sanidad, argumentó Alberto Fabra. Ignacio González se comprometió hace ya tiempo al cierre si el sentido de la sentencia es el mismo y el director de Telemadrid, desafiando el impacto que sus palabras iban a tener, dada la supuesta independencia de estos canales, estará de acuerdo con esa decisión llegado el momento, ha admitido.

El Gobierno abrió en 2012 la posibilidad a las Comunidades Autónomas de privatizar sus radiotelevisiones, de ceder total o parcialmente el control. Se desconoce aún si Fabra optará por este camino, que ya ha comenzado Murcia. Esta región "externaliza" este servicio "para no desaparecer", dicen sus responsables, si bien sus dimensiones no son las de los ejemplos descritos. Cuenta con 17 trabajadores tras un ERE en el que echó a la calle a 250. Canal Sur, mastodóntica en comparación, rechaza este extremo. Más bien el Gobierno andaluz. José Antonio Griñán cerró Canal Sur 2 para ahorrar 20 millones, pero las cifras en las que se mueve este ente siguen siendo notables: 1.600 trabajadores, 163 millones de presupuesto para 2014 (1,8 por ciento menos que en 2013), de los cuales casi la mitad va a parar al personal y los directivos, y 39 millones en pérdidas en 2012 a sumar a los 97 de déficit global.

En las últimas horas se han pronunciado, entre otros, la propia Forta, que "lamenta profundamente" los más recientes acontecimientos: "Los ciudadanos aspiran a poder acceder a un servicio de proximidad en el que se vean reflejados con todas sus inquietudes; tal y como son; en su lengua y costumbres. En definitiva, un pequeño espacio propio frente a la masiva presión de los medios globales". Para el presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, Manuel Campo Vidal, lo acontecido en torno a la RTVV sienta un "grave precedente que pone en peligro la existencia de la televisión autonómica en España". La Asociación de la Prensa de Madrid "confía en que el comportamiento poco ejemplar de la Generalitat valenciana no sirva de modelo al Gobierno autonómico de Madrid para adoptar medidas similares".

En resumen, se encuentran casi tantos criterios como radiotelevisiones, como diferencias hay a la hora de abordar los contenidos. No es ajena a la cuestión la sombra de duda de manipulación e injerencia política, de herramienta al servicio de un gobierno regional. Tienen 30 años, suponen cerca de un 9 por ciento de audiencia y por primera vez, aunque ya hayan pasado por dificultades, ven peligrar su vigencia y cómo se pone en cuestión su utilidad. Su viabilidad, de forma objetiva, es imposible en algunos casos. Las preguntas son quiénes son los responsables y en qué medida se pueden solucionar los desequilibrios de la forma menos dolorosa para los trabajadores y menos lesiva para las audiencias.