Negociación con las FARC sobre narcotráfico

Se acaban de reanudar en La Habana las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para abordar el tercer punto de la agenda de negociación que esta vez se centra en el espinoso tema de la droga. El jefe del equipo negociador gubernamental, el exvicepresidente Humberto de la Calle, ha fijado con perfecta claridad el objetivo de esta nueva ronda de negociaciones: lograr “una Colombia sin coca”. Poco ha faltado para que los representantes de los guerrilleros hayan dado la vuelta a la tortilla a esa meta política, tomando el rábano por las hojas en una respuesta donde afirman que “el problema no es de coca sino de cocaína”.
El portavoz del grupo guerrillero, hecha esta artificiosa distinción, ha realizado un canto laudatorio a las plantaciones de coca considerándola un cultivo que puede brindar grandes beneficios a la humanidad por sus propiedades nutricionales y medicinales. Después de este panegírico, ha espolvoreado al universo la culpa del consumo de cocaína juzgándolo como un problema internacional alentado, en su opinión, por los circuitos financieros de la economía mundial y por las grandes fortunas amasadas en Colombia a propósito del narcotráfico, involucrando sin remilgos al propio Banco de la República. Toda una estrategia de acusaciones a los cuatro vientos para eludir precisamente su enorme responsabilidad en este asunto.

Si las FARC promueven y controlan las plantaciones de coca no es por sus cualidades nutricionales y medicinales, sino porque les sirven para comprar el armamento y montar la infraestructura bélica con la que llevan a cabo sus operaciones terroristas, dominan parte del territorio nacional, secuestran, asesinan y violan los derechos humanos de cualquiera que no se doblegue a sus principios ideológicos maoístas. Cierto que el problema de la cocaína tiene una obvia dimensión internacional, pero el primer eslabón sobre el que se articulan los demás está en las plantaciones y los laboratorios de elaboración situados en lugares recónditos, protegidos en gran parte por las FARC como motor indispensable para sostener su narcoterrorismo. Por grandes beneficios que generen, las fortunas recaudadas no benefician económicamente al país ya que se trata de un dinero que ocasiona un circuito de extorsión y corrupción en la sombra a coste de la salud pública. Las FARC deben contribuir a romper desde la base esa cadena degradada en sus raíces iniciales si quieren que sus denuncias sean tomadas en serio y no como un simple ejercicio de cinismo.

La nueva ronda de negociaciones sirve también de piedra de toque sobre la verdadera dirección de estos diálogos de paz. Los acuerdos sobre el punto dos han producido una gran esperanza en la ciudadanía colombiana. En los sondeos demoscópicos se muestra que un 50 % de la población confía en que pueda alcanzarse la paz, dando un gran impulso a la reelección de Juan Manuel Santos. Pero los términos de lo pactado hasta ahora se basan en una preocupante ambigüedad que no aclara si habrá amnistía generalizada, escaños regalados a los guerrilleros o incluso la puerta abierta a una Asamblea constituyente. Será preciso estar atentos a esta ronda para ver si se alcanza un verdadero acuerdo sobre la erradicación de la cocaína y el narcotráfico, y se hace de manera que excluya toda ambigüedad.