El fin de un mundo encantado con princesa imputada

La infanta Cristina ha sido imputada por el juez que instruye el “caso Nóos”, un asunto penal que afecta a su marido Iñaki Urdangarin y a otras conocidas personas: el ex-presidente de Baleares Jaume Matas, el director general de Deportes del Goverm valenciano Pepote Ballester, el socio de Urdangarin Diego Torres, y unas cuantas personalidades más.

El juez instructor, José Castro, intentó la imputación hace unos meses, pero la Audiencia de Palma, y el fiscal competente, Pedro Horrach, echaron abajo su pretensión de imputar a doña Cristina. En el voluminoso escrito que ha redactado en esta ocasión, el juez Castro sale al paso de los anteriores argumentos del fiscal Horrach, señalando que se ha visto obligado a “escribir un tratado de derecho procesal” para lograr que la infanta Cristina declarase en la causa judicial que él está instruyendo.

Estas noticias, tan escandalosas como deprimentes, me suscitan los comentarios siguientes.

Vuelvo a mi antigua tesis sobre el “imputado”. Hace ya unos cuantos años, cuando se extendió la teoría -políticamente exagerada- de que la Justicia tardaba mucho tiempo en enjuiciar delitos contra las personas y sus bienes -¡siempre fue una queja de propietarios!- , el ministro de Justicia, Enrique Múgica, encontró un remedio a aquella escandalera parlamentaría-mediática con la ley del procedimiento abreviado.

En esa ley aparece la figura del “imputado”: un imputado no es un acusado, sino alguien que está incluido en un procedimiento que lleva un juez instructor. Esa diferencia no es percibida por los ciudadanos, y tampoco se refleja en las crónicas informativas. Para una persona que puede convertirse en noticia, hasta cierto punto, es peor estar imputado que acusado. Con la acusación cabe un recurso; con la actual ley de enjuiciamiento criminal, quien esté imputado no puede recurrir su situación. Aquí siempre me acuerdo de Jacinto Pellón, el responsable de la EXPO 92, que estuvo imputado durante años y años, y, para cuando cesó el procedimiento, sólo vivió dos años libre de aquella pesadilla judicial-mediática. Mi reproche no es hacia los jueces, sino hacia los que tienen la capacidad de mejorar las leyes.

Un imputado, como es la infanta Cristina, mientras no comparezca ante el juez (¡y eso se producirá en marzo!) no podrá manifestar sus argumentos, y sin embargo, como sucede con su caso, el juez Castro y el fiscal Horrach sí que sostienen, con sus escritos, sus puntos de vista sobre las materias supuestamente delictivas que afectan a doña Cristina de Borbón.

Ante esta preocupante situación, me parece que el Gobierno -y su presidente a la cabeza-, tienen que tomarse este asunto como algo que afecta al Estado, y no escabullirse de sus responsabilidades estatales con la frase de que se “respeta a la Justicia”, y por eso no se hace nada. Esa supuesta neutralidad gubernamental es un tanto irresponsable cuando, al mismo tiempo, se está desencadenando un debate maligno para nuestra moral democrática.

El grado de descalificaciones vertidas contra el juez Castro y el fiscal Horrach -dependiendo de la militancia ideológica de los periodistas y medios informativos- debería mover al Gobierno para que, efectivamente, las instituciones sean respetadas, y lo más importante, que la opinión pública se tranquilice con una información veraz y alejada de un periodismo propio de trincheras bélicas.

No soy nadie para proponer al Gobierno actuaciones conducentes a ese fin. Ahora me atrevo a sugerir modestamente que el gobierno debe buscar acuerdos institucionales con otros representantes políticos cuando se encuentra con problemas que, como éste, no puede resolver solo. No estoy proponiendo una injerencia del ejecutivo en el poder judicial. Todo lo contrario. Estoy pidiendo que el Gobierno “dirija la política interior y exterior” (artículo 97 de la Constitución), y que su Presidente “dirija la acción del Gobierno y coordine las funciones de los demás miembros del mismo” (artículo 98).

Hay demasiados momentos en los que el presidente de nuestro Gobierno simuló que no tenía nada que ver con asuntos que demandan criterios claros, inherentes a la responsabilidad de gobernar. El último, este miércoles, cuando el ministro del Interior malogró la política de seguridad del Estado cuando intentó sacar ventaja electoral del trabajo de policías y guardias civiles. Pero hay muchos más, incluso es una regularidad: el ministro Montoro le quita la razón a su colega Soria, nada menos que sobre el precio de la electricidad; el proyecto del ministro Gallardón sobre el aborto, que ahora se modificará según marcan las encuestas; la situación de Cataluña, que se quiere solucionar -como opina el ministro de Economía (¡y es de los pocos que opinan de eso!)- esperando que los inversores convenzan a los catalanes; la sentencia del Tribunal europeo sobre “la doctrina Parot”, y la ambigüedad como hoja de ruta de nuestro presidente y del Gobierno.

Esta falta de decisión sobre asuntos estatales (que son engorrosos y que quitan votos), ¿no estuvo también cuando el presidente del Gobierno no se preocupó por la malhadada cacería del Jefe del Estado? ¿No es parecido a esta otra inhibición? Ese “laissez passer, le monde va de lui même”, aunque sea un eslogan de política económica (imposible de cumplir), en política gubernamental fue siempre la negación de la democracia. “El mundo no va por sí mismo”, y menos ese mundo encantado de los pelotazos, de los negocios inverosímiles, de las ganancias superlativas; del dinero que lo mide todo, menos la virtud: pues ésta sigue siendo esencial para vivir con la seguridad que da la ley y un Gobierno sometido a ella.