Emigrantes desaforados

Cada vez resulta más difícil creer, Constitución en mano, que todos los españoles seamos ‘iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social’... bla, bla, bla (art. 14). La circunstancia socio-personal de un número creciente de entre nosotros es, precisamente, que residimos fuera de España si bien conservamos nuestra nacionalidad, nuestro pasaporte y todos los tics ibéricos jocosamente retratados en el anuncio navideño de una célebre marca de embutidos que ha saturado las redes con miles de adeptos y otros tantos detractores y réplicas. Yo también volví a casa por Navidad, cargada de regalos y del espíritu jamonero y churrero que tanto nos hace añorar lo nuestro. ‘Verdaderamente, como en casa en ninguna parte’, decía Lorenzo.

Me llevé a Madrid, y muy a pesar mío, un sustancioso sobrecito destinado a la Agencia Tributaria que capitanea más mal que bien el Ministro Montoro. La cantidad respondía al pago del impuesto de sucesiones de los no-residentes, una cantidad desorbitada en comparación con la que abonan los sí-residentes, y requisito legal que tuve que acatar para acceder a la herencia de mi padre, fallecido hace unos meses. Ya me sentía bastante discriminada por este sablazo a mi bolsillo (sobretodo porque hay que pagar antes de cobrar) cuando me enteré de que entre Nochebuena y fin de año, exactamente el 26 de Diciembre, se publicaba en el BOE una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por la cual se priva de prestaciones sociales y sanitarias a los españoles que residan en el exterior. De nuevo un artículo constitucional guillotinado, el que promulga que ‘El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno’... bla, bla, bla (art. 42). Textualmente a partir de ahora perderán su condición de residentes de cara a la Seguridad Social quienes permanezcan más de 90 días al año fuera del territorio nacional. Y si para ser de nuevo residente hay que tener un contrato laboral en España, el reto parece casi imposible. La realidad es, por tanto, que la mayoría de quienes se marchan ignoran hasta qué punto su país de origen les está dando la espalda. Recordemos que el extenso capítulo II sobre ‘Derechos sociales y prestaciones’ de la Ley 40/2006 referente al Estatuto de la Ciudadanía española en el exterior mencionaba específicamente, entre otros, el derecho a la protección de la salud de los españoles residentes en el extranjero. ¿Otra vez palabras que se lleva el viento?. Existen numerosos países fuera de la UE, destino de la nueva generación emigrante (Suiza, por ejemplo), donde los trabajadores no disponen de un sistema público de salud. Con este tipo de reglas ilógicas, discriminatorias, abusivas e incongruentes tanto en lo referente a las sucesiones como a la desprotección social y sanitaria, y son solamente dos ejemplos, los de fuera nos sentimos realmente pringados además de exiliados. Ni siquiera el cándido y modesto Lorenzo, el protagonista cazador que se embarcó hace medio siglo rumbo a las Américas, podría hoy escribir en su ‘Diario de un emigrante’ que ‘pidiendo la excedencia por más de un año y menos de diez, uno siempre deja cubierta la retirada’. El retorno se perfila cada vez más difícil para los cerca de dos millones de españoles residentes en el extranjero. Ya lo dijo Miguel Delibes, visionario, en esta maravillosa novela universal, humanista e intemporal, que daba “la medida de una época en la que están proscritas las señales acústicas; una época, en fin, cuyos prohombres sestean indolentemente, amparados por un acolchado e inexorable bando del silencio”. Los que se marcharon entonces, como aquel primitivo Lorenzo con su ‘chavala’ Anita, y los de hoy, quisiéramos creer que hay algún político despierto y de guardia, en cualquier partido, que nos represente y que defienda en voz alta nuestros derechos. Dos millones de votos están en juego, ¿quién da más?.