Cristina Cifuentes ya lo advirtió

Con su habitual inteligencia y sensatez, Cristina Cifuentes fue la primera que advirtió que el centro de Madrid no podía convertirse en un manifestódromo. Que había que regular el número y el itinerario de las manifestaciones para no alterar a los ciudadanos. Y se llevó un chaparrón.

Y ahora resulta que todos opinan lo mismo, aunque en su momento no le hicieron ni caso. Aducían el derecho a la manifestación. Ana Botella, Rajoy y compañía defendieron el susodicho derecho a la manifestación. Y, aunque ese derecho es sagrado, también lo es la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Y Ana Botella, al final, se ha dado cuenta. Y está de acuerdo con Cristina Cifuentes, aunque no parecen muy amigas.

Es evidente que hay que respetar tal derecho. Pero cuando las manifestaciones son diarias, alteran la vida ciudadana por chorradas sin sentido, colapsan el centro de Madrid, arrasan con todo, apalean a la Policía y alteran el orden público, el Gobierno o el Ministerio del Interior deberían tomar cartas en el asunto. Pero se limitan a mirar para otro lado. Temen que les tilden de fascistas, el ancestral miedo de la derecha.

La culpa de todos los males siempre es del Gobierno. Si los sindicatos protestan por los recortes, la culpa es del Gobierno. Si las batas blancas, verdes o amarillas se manifiestan contra las medidas de cualquier Ministerio, la culpa es del Gobierno. Si los estudiantes arramplan con todo en la Universidad, la culpa es del Gobierno. Si hay paro, la culpa es del Gobierno (no de Zapatero).

Es de chota. Si la Policía se defiende de los ataques violentos y desaforados de los radicales, la culpa es del Gobierno. Si el pasado sábado los desmadres de la izquierda radical, teledirigida por el PSOE, destrozaron el centro de Madrid (650.0000 euros para reparar los desperfectos), la culpa es del Gobierno. Si los estudiantes queman todos los contenedores y mobiliario de las Universidades, la culpa es del Gobierno.

Lo que debería darse cuenta la izquierda más inteligente es que estas algaradas, esta violencia desatada, estos enfrentamientos brutales con la Policía son culpa de sus acólitos. Y esa izquierda está haciendo el lelo, porque sabe que un Gobierno como el del PP no provocaría los desmanes que sufren los ciudadanos. El PSOE lo tiene crudo. Se teme que va a volver a perder las elecciones y ya no sabe qué hacer.

La Casa de Campo, por ejemplo, es un lugar ideal para celebrar las manifestaciones. Hay espacio de sobra, prostitutas que se unirían sin recato a las algaradas con sus proxenetas al frente, hectáreas y hectáreas de parque para manifestarse, enarbolar sus banderas republicanas o etarras, gritar sus consignas radicales y arramplar con todo lo que encuentren. Que será poco para sus ansias depredadoras. Quizás algún pato despistado. También pueden ir a La Pedriza, que allí estarán fresquitos y no sudarán los pobres con tanta avalancha y tanta caminata. Y si quieren, los medios de comunicación iríamos a fotografiarlos y recoger y publicar sus inteligentes reivindicaciones. Pero no hay bemoles.

El colmo estriba en acusar a la Delegación del Gobierno de Madrid, que dio la voz de alarma en su momento, pero que ha sido maniatada por el propio Ejecutivo de Rajoy al impedir a la Policía defenderse en condiciones y tener que aguantar impávidos las avalanchas y la violencia de los manifestantes sin poder mover un dedo, por no ser tachados de violentos y de atacar a los progres.

Y, además, la Abogacía del Estado se ha negado a admitir que se pueda prohibir una manifestación sin sentido o a regular los itinerarios de las marchas para impedir alterar a los ciudadanos. Sin embargo, Cosidó, el director general de la Policía, ya ha advertido que la Policía utilizaría todos los medios legales (del Estado de Derecho) para impedir la manifestación de este sábado en el Congreso de los Diputados y el más que previsible vandalismo. De nuevo en el corazón de Madrid.

Y la advertencia funcionó. El mejor ejemplo del papel de la Policía. El mejor ejemplo de la cobardía de los vándalos que se desperdigaron con el rabo entre las piernas y el mejor ejemplo de que si se quiere se pueden impedir las manifestaciones radicales.

Lo ha dicho el propio Fiscal General, en España hay bandas organizadas, formadas por extremistas vascos, gallegos y de cualquier rincón. Como se ha demostrado en las algaradas de las Universidades, sólo el 20 por ciento eran estudiantes. El resto, profesionales de la violencia. Ya es hora de que el Gobierno frene en seco estos desmanes y, para ello, está la Policía. Así de sencillo. No es falta de organización, si no de decisión.

Las manifestaciones son un derecho de los trabajadores para reivindicar las tropelías de ciertas empresas, para pedir medidas que rebajen el desaforado paro que sufre España. Pero la mayoría se organiza con el único propósito de alterar el orden público para atacar al Gobierno e impedir que vuelva a ganar las elecciones.

A Rubalcaba le salió bien la operación del acoso a las sedes del PP, los ataques e insultos al Gobierno tras el atentado del 11-M, como si Aznar hubiera puesto las bombas y al que llegaron a tachar de asesino. Y el PSOE ganó para dejar España hecha un guiñapo. Esperemos que, esta vez, la opinión pública sea consciente de la responsabilidad de la izquierda en las algaradas. Esperemos. Porque la mayoría cree que la culpa siempre es del Gobierno. Hasta la violencia desatada de los radicales. Y eso se paga en las urnas. Rubalcaba lo sabe.