¿Hay demasiados aforados en España?

Una de las consecuencias que ha tenido la abdicación de Don Juan Carlos ha sido su aforamiento y, por extensión, si hay demasiados aforados en España. La respuesta es que sí; más de 10.000, de los cuales unos 2.000 son políticos. Se trata de un número mucho mayor del que hay en otros países de la UE, y que el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-, Carlos Lesmes, estima conveniente reducir.

Por definición, aforado es una persona que bien por ejercer un cargo público o por su profesión tiene derecho a ser juzgado por un tribunal distinto al que correspondería si fuese imputado por la comisión de un delito. Tiene sentido en ciertos casos, bien sea por evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a según qué personas, o por el riesgo de una excesiva judicialización en el devenir cotidiano de dicha persona.

Presidente del Gobierno, presidentes autonómicos, de Congreso y Senado; ministros, consejeros autonómicos, diputados y senadores entre otros son aforados. También lo son los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y los vocales del CGPJ, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Francia esta lista se limita al presidente de la República, el primer ministro y su gabinete, mientras que en Italia y Portugal lo es únicamente el presidente. Y en Alemania no hay. Quizá sea el momento de replantearse una cuestión que a ojos vista de un nutrido sector de la ciudadanía supone un privilegio difícil de justificar.