La imputación judicial de Nicolas Sarkozy y su detención durante quince horas en una comisaría de policía ha conmocionado a Francia; país, por otra parte, muy dado a fustigar a sus ex presidentes. Quien más quien menos, todos desde Valery Giscard d’Estaign han tenido que responder ante la justicia por una u otra razón, aunque esta vez la situación rebasa todos los límites.
La posterior comparecencia televisiva de Sarkozy alcanzó cotas de audiencia superiores incluso a los partidos de la selección en el mundial, lo que da idea de la importancia que los franceses confieren a todo este asunto. En dicha comparecencia, Sarkozy denunciaba una suerte de teoría de la conspiración con ciertos visos de credibilidad: un fiscal y un juez ligados a la izquierda -juez que, además, se había alegrado públicamente de su derrota en 2012- y un tratamiento policial semejante al que se daría a un terrorista resultan un tanto excesivos.
Sarkozy ha cometido errores. Algunos en su país ya le tildan de “Berlusconi francés”, no sin cierta razón. Los turbios manejos de sus finazas electorales, compañías poco edificantes -Gadafi, por citar sólo un nombre- y la guerra abierta en el seno de la derecha francesa son en gran medida responsabilidad suya. Lo que le pasa debiera de ser también un aviso a navegantes locales y foráneos de las consecuencias que tiene un comportamiento inapropiado. Pero la acción de la justicia no debe nunca relacionarse con venganzas de tinte judicial o político, como parece que está pasando en Francia.