A Mariano Rajoy le asiste la razón al insistir una y otra vez en la ilegalidad de la consulta que ha planteado Artur Mas bajo la añagaza de que se trata del “derecho a decidir”. Rajoy dice –y dice bien- que la soberanía reside en el conjunto de la ciudadanía, y no en una parte, y que ni él, ni siquiera las Cortes, tienen competencias para convertir España en un estado confederal sin la aprobación del pueblo español. Sin duda, la mayoría de los españoles rechaza el desafío soberanista lanzado por el presidente de la Generalidad haciendo gala de una actitud que roza el delirio, vendiendo a sus conciudadanos una tierra de Jauja en la que se convertiría Cataluña, cuando la realidad es muy otra. Y así se lo han advertido a Artur Mas incluso desde numerosas instancias internacionales.
Pero no se comprende el tancredismo en el que parece atrincherarse Rajoy, pese a que el toro se acerca a pasos agigantados. Si Artur Mas se decide finalmente a sacar las urnas a la calle en Cataluña el próximo 9 de noviembre, es evidente que ello implicaría una situación muy complicada. Por eso, no puede fiarse todo a que el presidente de la Generalidad se eche para atrás, algo discutible, máxime cuando ahí está el líder de ERC, Oriol Junqueras, para azuzarle un día sí y otro también. Resulta preciso, pues, que llegados a este punto, más allá de declaraciones que, si bien acertadas y necesarias, son muy genéricas, se contemplara alguna posibilidad concreta para abordar la cuestión.
Por ejemplo, está claro que ese supuesto referéndum no podría limitarse en ningún caso a los catalanes, y así lo ha manifestado el propio Rajoy en varias ocasiones, y acaba de hacerlo ahora recordando el derecho de todos los españoles, y no solo de los catalanes, a votar en esa posible consulta. Sin embargo, preguntado directamente por la idea de convocar un referéndum nacional, se ha negado en redondo a ni siquiera plantearse esa posibilidad. Igual que no contempla que fuera posible alguna modificación constitucional, tras un consenso de todas las fuerzas políticas.
La misma actitud tancredista está teniendo ante las reformas políticas que cada vez con más urgencia le exigen los ciudadanos. Muchas son los asuntos que están sobre la mesa. Entre otros, atajar contundentemente la corrupción -para lo que es esencial una ley transparente de financiación de los partidos-, la ley electoral, o el sistema de financiación autonómico, sobre el que Rajoy acaba de decir que no le gusta. Aunque, también ha señalado, que no es el momento de abordar su posible cambio. Cuando Mariano Rajoy recibió la confianza de la mayoría de los votantes se encontró con un país al borde de la ruina. Pero ahora que parece que las reformas económicas están dando sus frutos, el presidente del Ejecutivo no puede seguir eludiendo
sine die las reformas políticas.