Sobre política y corrupción

"Entran con poco y salen con mucho"

Ya es rutina cotidiana el espectáculo, que los medios convierten en jugoso feeding frenzie, de personajes de mayor o menor relevancia, y también de obscuros monterillas, conducidos por la Guardia Civil o emplazados en los juzgados por acusaciones de corrupción. No hay que decir, por ser a estas alturas lugar común, lo que tales asuntos están contribuyendo a ahondar el escepticismo, el recelo y la animadversión hacia las élites políticas y las instituciones; lo que pueden llegar a significar para el resquebrajamiento del sistema político y de caldo de cultivo para el florecimiento de populismos cuyo discurso combina el rencor con diagnósticos infantiloides y recetas autoritarias. Todo ello muy desasosegante, porque promete unatangentopoli española. No hay razón alguna para la lenidad con los responsables de conductas que se tienen por corruptas, ni para la despreocupación respecto a cuáles pueden ser sus efectos sociales y políticos. Pero tal vez no esté de más tomar alguna distancia y ver el asunto no sólo con el frenesí intransigente que cunde ahora, por comprensible que resulte.

El marbete “corrupción” engloba muy distintas situaciones, desde las más categóricamente criminosas a actos y comportamientos censurables pero no punibles más allá de la reprobación social, bellacadas de sujetos poco escrupulosos con quienes habría posiblemente más condescendencia si las circunstancias económicas fuesen otras. Lo que las homogeniza es su relación con los caudales y las oportunidades que las funciones ejecutivas ponen al alcance de políticos electos y allegados suyos, y no tanto funcionarios, sólo ocasionalmente implicados en estos asuntos. Es decir, un uso social más ajustado de “corrupción” que diferenciase el cohecho grosero, la malversación y actos similares de cosas como el nepotismo o la pegotería quizá atenuase algo la sensación de inmoralidad generalizada y extrema. Decir si los encausados o sentenciados por estos asuntos son muchos o pocos, a tenor de las cifras que al respecto han circulado, tiene poco sentido. No sólo por lo que pudiera alegar el cínico, o el advertido, sobre si son sólo una parte mínima de los que en realidad haya, sino porque no está claro cuál tendría que ser el término de comparación, es decir, dónde fijar el límite desde el cual la corrupción política deja de ser pasadera. Pero es un hecho que entre los miles, excesivos, cargos públicos que hay en España, aquellos de quien se sospecha o se ha probado un comportamiento delictivo son, aunque nutrida, una minoría.

Un segundo aspecto digno de consideración es el que, por asfixiante que pueda parecernos, nuestra corrupción pública (y en su caso privada) no es cosa exclusiva que nos haga diferentes. La estimación del enquistamiento de las prácticas corruptas, en sus múltiples formas, en las diferentes sociedades del mundo es metodológicamente compleja, y las conclusiones objetables. Transparency International publica anualmente un ranking de corrupciónpercibida. En el de 2013, España aparece con un índice de percepción 59 (siendo 0 el nivel máximo de corrupción y 100 el mínimo), y situada en el cuadragésimo lugar de los 177 países considerados. Cualquier corrupción es demasiada, pero, por mucho que convenga estarlo más, en esto también estamos más cerca de nuestros vecinos europeos que de Somalia o Pakistán, y entre una minoría de países para los cuales la percepción queda por encima de 50. Si el fenómeno es universal, también lo es tradicional. Fray Juan de Santamaría, uno de los arbitristas del siglo XVII que escribió una República y policía cristiana, dejaba constancia, como hecho comprobado, de que quienes servían oficios públicos, “entran con poco y salen con mucho”, y al menos desde la Baja Edad Media, cuando las instituciones administrativas y políticas se regularizaron en España, sobran testimonios sobre lo extendido de abusos y baraterías. Es decir, la experiencia de que los servidores públicos son inmorales está bien arraigada en el cultura política española tradicional; no es de hoy.

Es poco razonable suponer que los políticos de nuestros días sean, en general, más desaprensivos que los de tiempos pasados. Si la fragilidad humana puede seguir siendo la misma, las posibilidades de ceder a ella impunemente son menores, en una sociedad mejor informada y mejor armada legalmente para defenderse. ¿Por qué, pues, hoy esa eclosión de corruptos y corruptelas? Sin duda, por diferentes razones; pero hay dos, una estructural y otra coyuntural, que habría que considerar. En relación a la primera, el Estado de partidos y las políticas socialdemócratas han puesto en manos de los políticos ingentes cantidades de recursos que administran y sobre los que deciden sin controles efectivos, y si los hay se las ingenian para desactivarlos. La práctica electoral de cautivar al votante con inversiones y gasto ha dado lugar a un sector público elefantino cuyo funcionamiento multiplica las ocasiones de acabar tentado. Los partidos, con incontenibles gastos de sostenimiento, no dejan de ser parte del mismo mecanismo. La razón coyuntural se relaciona con el sectarismo propio de la práctica política española de los últimos decenios. De forma que la acción de los partidos y sus seguidores más activos frente a la corrupción ha sido selectiva e instrumentalizada: censurable y perseguible sólo si es de otros. Se ha temido más al daño en el prestigio y la oportunidad electoral inmediata que a la gangrena del sistema, dando así impunidad, y con ella audacia, a mucho pillador. Además, los votantes han sido muy permisivos sin castigar seriamente nunca esas cosas, algo que hubiera influido mucho en corregirlas. Se supone que esa transigencia se ha acabado y tendrá importantes efectos electorales. Habrá que verlo, pero serían preferibles efectos de moralización colectiva contra esa pulsión a abusar de lo público, cada uno en su escala, característica de la sociedad española.