El Consejo de Ministros ha estudiado las acciones a tomar en relación con la consulta del domingo en Cataluña. Rafael Catalá, ministro de Justicia, dejó caer este jueves que si la Generalitat se desliga de la celebración, el Gobierno no impedirá votar. Cuando Soraya Sáenz de Santamaría se sentaba ante los medios tras la reunión, superado el mediodía, las intenciones del Ejecutivo de Artur Mas pasaban por seguir liderando el proceso.
La vicepresidenta, que ha comparecido en solitario, ha recordado que el Constitucional y el Supremo han cerrado las puertas al Govern, y que Moncloa se ha limitado a “defender la ley y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es obligación respetar las decisiones de los tribunales”. Asimismo, ha invitado al president a no “forzar” a funcionarios al “incumplimiento” de estos mandatos. “No es lo que -Mas- haga, es que su actuación afecta a terceros”, ha razonado.
Preguntada en más de una ocasión por lo que ocurrirá el 9-N si la Generalitat sigue al mando, la portavoz ha optado por aconsejar que “ni un solo funcionario, ni un solo responsable político, ni un solo ciudadano tenga ese día que tomar decisiones que le puedan generar la más mínima intranquilidad”, aludiendo a posibles medidas legales desde Madrid a partir del lunes.
De las palabras de Sáenz de Santamaría se filtra poca o ninguna información añadida a la ya conocida. Lo que se da por seguro es que habrá consulta pese a la repetitiva consigna desde el Ejecutivo central estos últimos meses de que no sería así. Eso sí, habrá diferencias a posteriori entre una votación en instalaciones y con empleados públicos y una en las calles y con ciudadanos voluntarios, como han deslizado primero el titular de Justicia y este viernes la vicepresidenta.
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