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TRIBUNA

Una España para todos

lunes 01 de diciembre de 2014, 20:25h
Actualizado el: 01 de diciembre de 2014, 20:33h

España no es un Estado, sino una nación. Es una nación porque posee una identidad real, que nace de su historia y sus logros culturales. No me preocupa desafiar al discurso imperante, afirmando que la identidad española es inseparable del catolicismo y la monarquía. Sin el papel desempeñado por los reinos cristianos en su lucha contra el Islam habríamos corrido la misma suerte que el Magreb, sometido por los Omeyas en el siglo VIII, lo cual significó la aniquilación de la herencia grecolatina. Se identifica el catolicismo con el fanatismo y la intolerancia, pero la tradición católica española cuenta con notables figuras que desmienten esa perspectiva. Los frailes dominicos Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas defendieron los derechos de los indios contra los abusos de las encomiendas. Con una rigurosa formación humanista, Vitoria fue –además- un firme partidario del derecho natural, que subordina la ley positiva a principios morales universales, y uno de los creadores del derecho internacional, que condena las guerras inspiradas por ambición territorial o diferencias religiosas. El teólogo jesuita Francisco Suárez cuestionó el derecho divino y justificó el tiranicidio. Jacobo I de Inglaterra recriminó a Felipe III que tolerara en su reino semejantes teorías, opuestas al derecho divino de los reyes. Teresa de Ávila no fue una monja reacia a la modernidad, sino una pluma renacentista que reivindicaba la autonomía de las mujeres y que jamás confundió la humildad con el menosprecio de uno mismo. Hasta 1936, la izquierda republicana simpatizaba abiertamente con la escritora. Por su genio literario y su espíritu inquieto. Su utilización posterior por la Sección Femenina como ideal de mujer convirtió a la fundadora de las carmelitas descalzas en un tabú para una izquierda con escasez de ideas.

En cuanto a la monarquía española, no se limitó a unificar territorios, sino que sentó las bases para una convivencia más justa, combatiendo los abusos de la nobleza. En Cataluña, Fernando II de Aragón, llamado “el Católico”, hizo aprobar en 1481 las enmiendas que protegían los derechos de los campesinos. En 1486, con la llamada sentencia de Guadalupe, se prohibieron los “malos usos” y el abominable “derecho a maltratar”. Se garantizaron los arriendos de larga duración, que podían ser transmitidos de padres a hijos, y la posibilidad de emancipación, pagando una redención asequible. Escribe Joseph Pérez: “Con la sentencia de Guadalupe se formó en Cataluña un campesinado libre y relativamente desahogado. [… ] Este equilibrio proporcionó paz social a Cataluña durante cerca de tres siglos” (Historia de España, París, 1996). Los Reyes Católicos no eran antisemitas –Herando Talavera, confesor de la reina, era converso-, pero entendieron que la unidad de la fe era esencial para constituir un estado moderno. El resto de los países europeos actuaron del mismo modo. No se puede juzgar una coyuntura histórica con la perspectiva del presente, sin incurrir en una interpretación injusta y oportunista. Se ha criticado a Carlos V por sofocar la revuelta comunera, que pretendía colocar a la Corona bajo la tutela de la incipiente burguesía urbana, pero no se recuerda con la misma insistencia que convocó las Cortes en más ocasiones que los Reyes Católicos, firmó una carta donde expresaba su admiración por el humanismo paulino de Erasmo de Rotterdam y aprobó las Leyes Nuevas de 1542 para subrayar que –según las viejas Leyes de Burgos de 1512- los indios eran “vasallos libres del rey” y no podían ser reducidos a la esclavitud por los encomenderos. Carlos V soñó con unir Europa, fundiendo la tradición judeocristiana y la Antigüedad grecorromana. No lo consiguió, pero los primeros Borbones (Felipe V, Fernando VI y Carlos III) impulsaron un espíritu reformista que se plasmó en la creación de la Real Biblioteca, la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Jardín Botánico. La Constitución de 1812 –la “Pepa”- esbozó un nuevo modelo político (monarquía constitucional, con separación de poderes, derechos y libertades) frustrado por el giro absolutista de Fernando VII. Pese al caciquismo y la corrupción, la España de la Restauración (1874-1931) garantizó un prolongado período de estabilidad, que permitió la alternancia política con un régimen parlamentario. Después de la Segunda República, la guerra civil y la dictadura de Franco, la monarquía desempeñaría un papel esencial en la Transición, creando un clima de concordia y prosperidad que solo se rompería a partir de la crisis de 2008.

La monarquía constitucional que aprobaron los españoles en el referéndum de 1978 es el blanco predilecto de los independentistas vascos y catalanes, pues saben que es el principal obstáculo para sus proyectos de secesión. Conviene recordar los orígenes de ambos nacionalismos, que presumen de modernidad y caricaturizan a España como un símbolo de casticismo e intransigencia medieval. El nacionalismo vasco no nace como un proyecto de ciudadanía, sino como una expresión de rechazo al secularismo y la industrialización. Sabino Arana repudia el liberalismo, “que nos aparta de nuestro fin, que es Dios” e idealiza el mundo rural: “Fuese pobre Bizcaya y no tuviera más que campos y ganados, y seríamos entonces patriotas y felices”. Sabino Arana no inhibe sus prejuicios racistas, pues los considera un elemento esencial de su patriotismo: “El bizkaíno no vale para servir, ha nacido para señor; el español ha nacido para ser lacayo y siervo”. Ya sabemos qué siguió después: ETA, con su largo y repulsivo historial de crímenes, tristemente respaldado por los votos de HB y las siglas que han heredado su discurso. La izquierda abertzale intenta ocultar sus raíces envenenadas, pero la memoria histórica no puede borrarse con una maniobra política. Se dice que Castilla invadió el reino de Navarra en 1512, pero lo cierto es que –en vísperas de una nueva guerra con Francia- Fernando II de Aragón pidió garantías de neutralidad a Juan III de Albret, rey de Navarra. Juan III contestó que eso significaría desafiar a Luis XII, poderoso rey de Francia. Dada su posición geográfica, los Reyes Católicos no podían arriesgarse a que Francia ocupara el territorio. Su reacción de enviar al II duque de Alba para garantizar la seguridad de sus fronteras es perfectamente comprensible. De hecho, Francia lanzó inmediatamente una fallida ofensiva militar. En cuanto a Cataluña, la revuelta de los segadors –que incluyó una orgía de sangre y destrucción- no puede considerarse un levantamiento por la libertad y la independencia. En La rebelión de los catalanes (1598-1640), John Eliot señala que en realidad se trató de “una fachada para ejecutar el traspaso de lealtades de España a Francia”. Los rebeldes declaran la república independiente el 16 de enero y el 23 transfieren el título de conde de Barcelona a Luis XIII, sometiéndose voluntariamente a la Corona francesa. El mito de 1714 es igualmente inconsistente, pues Cataluña no se oponía a España, sino a Felipe V. De hecho, Rafael Casanova no era independentista, sino austracista y apoyaba al bando del archiduque Carlos de Austria o Carlos III de España. Sabino Arana parece conocer mejor la historia catalana que los actuales independentistas, pues afirma: “Cataluña es española por su origen, por su naturaleza política, por su raza, por su lengua, por su carácter y por sus costumbres. Ustedes, los catalanes, saben perfectamente que Cataluña ha sido y es una región de España”.

España no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Salvar su unidad significa salvar la democracia. La Constitución de 1978 no es un “papelito”, sino una Carta Magna que avala casi cuatro décadas de libertad. La monarquía parlamentaria no es un obstáculo para la convivencia pacífica y la prosperidad, sino una garantía para su continuidad. Ni siquiera es incompatible con un sentimiento republicano, pues ambas formas del Estado pueden encontrarse en la definición de patriotismo formulada por Azaña: “Un pueblo en marcha [es] una herencia histórica corregida por la razón”. El patriotismo es un sentimiento integrador. El nacionalismo es la perversión de ese afecto. El patriotismo respeta al individuo. El nacionalismo lo anula, invocando los derechos históricos de una comunidad basada en principios raciales o telúricos. Yo creo en una España para todos, con tolerancia y pluralidad, sin fanatismos ni exclusiones. Eso sí, si la pobreza, el paro y la precariedad no se corrigen, crecerá la desafección ciudadana. Si los partidos no se renuevan y expulsan a todos los corruptos, el populismo avanzará como una ola incontenible. Yo no deseo que nuevos profetas asalten los cielos, sino que España no se muera y no se me ocurren mejores argumentos que los de Sancho en el lecho de muerte de Alonso Quijano: “No se muera vuesa merced, señor mío, tome mi consejo y viva muchos años; porque la mayor locura que pueda hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más”. Pocas naciones han conseguido plasmar su genio en una figura tan admirable como Don Quijote, arquetipo universal del idealismo, la nobleza, el coraje y la generosidad. No destruyamos ese legado.

Rafael Narbona

Escritor y crítico literario

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