Mariano Rajoy pronunció titulares desde la oposición que le han ido acompañando y pesando durante la Presidencia. En aquel momento estaba convencido de que sabría poner en orden el país en un par de años y gozar de otros dos para políticas más amables. Como no tardaría en admitir ya en los primeros meses en el poder, la realidad hacía cambiar los planes. También la herencia, a la que aún hoy sigue aludiendo discurso tras discurso.

Pero llegan las elecciones y, si no 24, tiene 12 meses para intentar desinfectar algunas de las profundas heridas generadas por las reformas. Asegura frecuentemente que los españoles serán recompensados por su esfuerzo pero, en vista de que este fruto no llega y que las municipales primero y más tarde las generales se precipitan, se ha encomendado propiciarlo dando un respiro a quienes se encuentran en una situación más delicada.

A lo estrictamente comunicativo, con una llamada a los suyos para que tengan más presencia en las calles y los medios y con un constatable mayor esmero en las redes sociales, se suman medidas en un estrecho margen de días que evidencian la intención del Gobierno de lavar su imagen de dureza y falta de compasión a la par que de permisividad con los ricos.

Así, esta semana ha habilitado y acelerado un acuerdo con los agentes sociales para fijar una ayuda de hasta 450 euros para parados de larga duración, con cargas y que hayan agotado su protección, que será compatible incluso con un empleo. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación en el reglamento del IRPF para reducir la carga a familias numerosas o con dependientes.

Nuevo IRPF

El nuevo reglamento recogerá las modificaciones introducidas en la reforma fiscal y que permitirá que ya desde las nóminas de enero los contribuyentes se beneficien de la rebaja del impuesto. Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, destacó que el nuevo reglamento permitirá que las empresas puedan aplicar desde enero el nuevo cálculo de las retenciones en las nóminas de sus empleados, así como solicitar, desde el 7 de enero, las nuevas deducciones para familias numerosas y con discapacitados, conocidas como 'impuestos negativos'.

Según Montoro, la política tributaria del Gobierno tiene "un amplio contenido social", dado que el IRPF bajará para todos los contribuyentes, pero especialmente para las rentas medias y bajas, para las familias y para las personas con discapacitados a su cargo.

Además, destacó que la reforma está orientada a facilitar un aumento de la renta disponible para familias y empresas del orden de 9.000 millones de euros en dos años, así como impulsar la creación de empleo y fortalecer el ahorro y la competitividad empresarial.

Montoro indicó que el objetivo del Gobierno es que en el año 2015, que será un ejercicio "importante" en términos de crecimiento, ya que el PIB crecerá "al menos" un 2%, las familias cuenten además con mayor renta disponible.

Concretamente, las deducciones que incorpora el nuevo IRPF para familias numerosas y con discapacitados a su cargo, que ascienden a 1.200 euros anuales --100 euros mensuales--, beneficiarán a 750.000 familias, que se ahorrarán en 2015 un total de 732 millones de euros. Se podrán solicitar desde el 7 de enero por Internet o por teléfono, presentando el modelo 143 de la Agencia Tributaria.

Asimismo, el reglamento del IRPF aprobado este viernes incluye las nuevas retenciones del trabajo y de los pagos a cuenta, debido a que el impuesto reduce tanto los tramos como los tipos del impuesto, tanto en los rendimientos del trabajo como en los pagos a cuenta.

Más cambios

También desde Hacienda se ha dado a conocer que se gravarán las plusvalías financieras de las grandes fortunas que salgan de España. Y, en materia cultural, pero sin abandonar las tasas, invertir en producciones teatrales tendrá una desgravación del 20 por ciento, en un guiño a un sector molesto con el Ejecutivo. Esta vez desde Sanidad, el nuevo ministro, Alfonso Alonso, ha reconocido que su labor estos meses consistirá en “impulsar la agenda social”. Alonso ha de ser el encargado de remendar la cuestión del aborto, que cuesta un importante número de votos (según cálculos de Génova, cerca de dos millones). Sería mediante una Ley de Maternidad que incidiera, por ejemplo, en el consentimiento paterno de las menores.

Llegan las buenas noticias, aunque una vez más los anuncios habrán de convertirse en hechos o la realidad volverá a tumbar expectativas en los sondeos, en los que el bolsillo es sólo uno de los factores. También está Cataluña, la corrupción o la cuestionada lucha contra el terrorismo. En todo caso, Rajoy ha comenzado a poner tiritas; pronto se sabrá si suficientes o en vano.

Limitar los macroprocesos

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone un límite máximo de 36 meses (3 años) para instruir causas complejas por delitos relacionados con la corrupción con el fin de agilizar la justicia penal y evitar que haya una "sensación de impunidad y sospechas prolongadas o indefinidas en el tiempo".

Excepcionalmente, a instancias del fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, se podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción de estos procesos, según el texto.

Lo ha anunciado Sáenz de Santamaría, que ha destacado también el decomiso autónomo dirigido a "lograr recuperar aquellos bienes que el corrupto o el sentenciado ha podido detraer del dinero público o beneficiarse de su actividad delictiva". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha expuesto la necesidad de aportar esta modificación a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, que espera a partir de ahora los informes de los órganos consultivos con el horizonte de llevarlo en febrero al Congreso de los Diputados para su aprobación en 2015.

Las principales novedades del texto son:

1. Fijar un plazo ordinario de seis meses de instrucción, ampliable a 18 meses en causas complejas. Prevé prórrogas hasta un plazo máximo de 36 meses apostando por fijar un "límite temporal infranqueable en el que el sumario haya de concluir".

Excepcionalmente, a instancias del Fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, se podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción.

A estos efectos, se consideran causa complejas las que recaigan sobre grupos organizados, terrorismo, numerosos hechos punibles, gran cantidad de "sujetos pasivos" -- referencia a 'imputado'-- o víctimas, o aquellas que requieran abundante documentación de análisis, actuaciones en el extranjero o la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas. El juez autoriza las prórrogas a instancias del fiscal.

2. Conexidad de los delitos. Cada delito generará una instrucción "singular y diferenciada" para que las sentencias sean dictadas en tiempos más cortos, esto evitará la concatenación de piezas en los 'macroprocesos'.

3. Los atestados policiales sin autor conocido, como pequeños hurtos, se convierten en una tramitación de carácter administrativo. En caso de que se detenga al responsable, se iniciará el tratamiento judicial.

4. Los juicios rápidos como procedimiento monitorio penal para hacer más sencilla su tramitación en casos de escasa dificultad con penas de multa o privativas de libertad sustitutivas con multa, como son los delitos de conducción en estado de embriaguez.

5. Segunda instancia penal. Este déficit ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.

6. El recurso de revisión será la vía para dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. El Tribunal Supremo ya apostó por esta cauce recientemente.

7. Las medidas de investigación tecnológica, compatibilizand9o los derechos de las "personas investigadas" con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales, escuchas en domicilios-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.

8. Además la reforma regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito "pese a que el autor no pueda ser juzgado". El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.