Irregularidades y corrupción en la política urbanística de Mallorca

La norma fue redactada por Uniò Mallorquina (UM), a la que corresponden las competencias urbanísticas por el hecho de presidir el Consejo Insular. En su elaboración también colaboró el PP, que por aquel entonces era socio de gobierno de UM. Finalmente, el PTM fue el aprobado por el Parlamento balear gracias a los votos de populares y nacionalistas el 13 de diciembre de 2004.

El texto recoge una serie de recortes en los niveles de protección territorial o en la capacidad de otras administraciones para vetar proyectos, que han dado pie a la recalificación de mil hectáreas de suelo rústico a urbanizable en cinco municipios de Mallorca. Mediante la creación de las llamadas Áreas de Reconversión, se permitió el trasvase de edificabilidad de un punto a otro, bien dentro de un mismo municipio, bien entre dos localidades vecinas o distantes entre sí.

A raíz de estas operaciones urbanísticas, el pasado mes de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción decidió denunciar la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y uso de información privilegiada al amparo de las negociaciones en el apartado de Áreas de Reconversión Territorial (ART) del mencionado Plan, aunque sin señalar en concreto a ningún político, promotor, constructor o empresario. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

El juez Pedro Barceló, encargado del caso, decidió abstenerse de instruir la causa por su amistad con un promotor que podría estar implicado en la trama, siendo sustituido por el juez Miguel Florit, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de palma.

Cuatro operaciones bajo sospecha

1. Marratxí
En Alcúdia, el Consell mallorquín decidió, en 2004 y mediante un Área de Reconversión directa, trasvasar dos proyectos previstos en la falda de Sant Martí y junto al lago Esperanza, ambos declarados inedificables, hasta la finca rústica des Crevers, en Marratxí. La Fiscalía ha descubierto que estos terrenos pertenecían al presidente del Real Mallorca, Vicente Grande, que los vendió, en 2005 y tras ser recalificados como urbanizables, al empresario Mateo Sastre, propietario de la promotora Ibercon. Asimismo, se ha sabido que Sastre firmó una opción de compra de la finca a mediados de 2004, pocos meses antes de que el Consell aprobara el PTM. La recalificación revalorizó el precio de los terrenos y permitió la construcción de un millar de viviendas. Anticorrupción investiga ahora si Grande y Sastre poseían información privilegiada de las intenciones de la institución insular antes de formalizar las operaciones de compraventa.

Además, la urbanización des Crevers obtuvo informes favorables del entonces director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot (PP), imputado judicialmente por el caso de corrupción en Andratx.

2. Sa Ràpita
En Sa Ràpita, el Plan Territorial prevé la reconversión de unos terrenos rústicos de la playa de Es Trenc, en los que existe una antigua vaquería, para construir un centro de interpretación del espacio protegido, así como para levantar una urbanización para uso residencial y turístico con un total de 2.800 plazas.

La operación ha suscitado críticas de ecologistas e, incluso, del Colegio de Arquitectos.

3. Sa Ràpita
También en Sa Ràpita, la Fiscalía investiga un convenio utilizado en 2004 por María Antonia Munar, entonces presidenta del Consejo de Mallorca, para autorizar la construcción de un complejo hotelero-residencial con capacidad para 2.532 habitantes, el triple de la población censada ese año en el municipio.

Munar justificó la recalificación de esas parcelas como urbanizables utilizando, como gancho medioambiental, la demolición de dos hoteles en Sóller y Pollença, uno de ellos en desuso desde hace cinco años y tomado por ‘okupas’.

Sin embargo, la Fiscalía sospecha que Munar pudo autorizar la construcción del complejo a la empresa Zarpimi S.A a cambio de que la constructora desistiera de reclamar la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba al Consejo por decretar una moratoria urbanística sobre un centenar de urbanizaciones en toda la isla de Mallorca.

4. Cala Carbó
Otra Área de Reconversión Territorial prevé el trasvase de edificabilidad de la Cala del Carbó, hasta ahora considerada como suelo urbano, hasta el humedal de l’Ullal, en el puerto de Pollença. Con la operación, la cala pasaría a ser zona verde y, por tanto no urbanizable. El problema es que hay algunos chalés edificados en el lugar.

Ahora, una moratoria aprobada por el Gobierno balear ha puesto en entredicho esta solución.