En los últimos veinticinco años España se ha sobresaltado muchas mañanas con docenas de titulares estruendosos relacionados con actuaciones y prácticas corruptas protagonizadas por actores de todos los colores políticos y en todos los niveles de las distintas Administraciones (que no son pocas en nuestro país…). La corrupción está inmediatamente vinculada al abuso del poder que se utiliza desviadamente al servicio de fines o intereses que no son los generales, sino los personales o de partido.
En un reciente seminario al que asistí quien intervino como ponente facilitó unos números escalofriantes. En el momento presente hay 798 juzgados y tribunales que están instruyendo o juzgando más de 1.600 procesos relacionados con la corrupción, de los cuales 300 son de los llamados “macroprocesos” en razón del número de implicados o de la especial complejidad de los supuestos delictivos de que se trate.
Es verdad que las estadísticas, como las encuestas, no son exactas y en el presente caso porque se incluyen, con toda probabilidad, simples o menos simples denuncias en la vía penal de meras irregularidades administrativas, dada la costumbre española de solucionar las disputas a base de querellas y no de contenciosos. En cualquier caso los números delatan que demasiados responsables públicos se han tomado el cargo más pensando en su provecho o cayendo en las redes de quienes a todo ponen precio. Creo que fue Emmanuel Kant quien escribió que las cosas tienen precio y las personas dignidad. Pero el filósofo murió hace mucho tiempo y las cosas han cambiado bastante.
Tampoco son “moco de pavo” los datos económicos que puso sobre la mesa el prestigioso ponente. Según el G-20 el monto total de la corrupción se sitúa en 3 billones de dólares, que representan aproximadamente el 5% del PIB mundial y que convierten a la corrupción en la quinta empresa del mundo. ¡Ah! y, entre nosotros, un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria concluye que el coste de la corrupción para España es de 40.000 millones de euros anuales, es decir, 840 euros por español y año.
Siempre me pregunto de donde salen estas cifras, es decir quien pone los sumandos concretos y si hay alguien que viaja por todo el mundo, Somalia o Irán incluidos, y a quien pregunta. En el caso español, con todo respeto para los colegas canarios, imagino que se fían de las cifras que ofrecen los periódicos o quizás tengan algún truco de cálculo.
La respuesta de nuestros políticos ante la corrupción ha sido doble: de un lado, modificar, y muchas veces, el Código Penal, agravando las penas y creando nuevos delitos, de otro lado, hacer muchas leyes nuevas en materia urbanística, de contratación, de transparencia, de registros diversos, de otro. La vocación legiferante que no nos gane nadie, pero las leyes no detienen la erosión de la vida político-institucional y de la economía que produce la corrupción. Obviamente no se acaba con la misma a través de las normas jurídicas, aunque lo de reivindicar valores y principios quizás esté demasiado manido.
La corrupción no es, en cualquier caso, innata a nuestros responsables públicos, no forma parte del ADN español.
Si (
No(
