Quien intentase entrar desde ayer desde Francia en la web islamic info sería redirigido a una página del Ministerio del Interior donde se le advierte que dicha página ha sido cerrada por sus vinculaciones terroristas. Se trata de uno de los portales de captación y adoctrinamiento de radicales islámicos más activos, de ahí la actuación del gobierno de Manuel Valls.
Pero es justo ahí donde radica parte de la polémica suscitada por esta actuación: ha sido el gobierno -socialista, para más señas- y no un juez quien ha ordenado la clausura del dominio islamista. Hay sobrados motivos para actuar contra foros semejantes; el problema está delimitar dónde acaba la libertad de expresión y empieza la frontera del delito.
En España, sin ir más lejos, el Gobierno tuvo que reconsiderar la idea de que la mera consulta de un portal islamista fuera per se un ilícito penal. Una interpretación garantista sugeriría que es el poder Judicial y no el Ejecutivo quien debiera decidir sobre la licitud de una pagina web, siempre y cuando dicha página cumpla con la legislación vigente. Y eso es aplicable al resto de países de la UE.
Si (
No(
