La candidata socialista a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha proclamado este lunes que "un nuevo tiempo" se "avecina" en España y Andalucía se ha "adelantado" a lo que, con "toda probabilidad" va a suceder en las próximas semanas en los ayuntamientos y meses después en España.
Díaz ha hecho esta reflexión al inicio de su discurso en la sesión de investidura del Parlamento de Andalucía, en la que ha recalcado que los ciudadanos se expresaron de forma "concluyente" en las elecciones autonómicas del 22 de marzo aunque también señalaron "cómo quieren que se les gobierne desde el diálogo", por lo que ha hecho un llamamiento "para transformar esa pluralidad en una herramienta útil".
Díaz ha hablado de “desánimo” e “indignación” por la “falta de limpieza en la vida pública”, y se ha referido a la corrupción como una “vergüenza” y un “lastre para la democracia”. Por ello, ha instado a todos los grupos políticos a un acuerdo “ambicioso” para evitarla.
La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha propuesto a los grupos parlamentarios andaluces que firmen un gran acuerdo anticorrupción que sea "ambicioso" y ha prometido que si es investida trabajará para llevar al Congreso una iniciativa para que los delitos por corrupción no prescriban.
En su discurso de investidura, Díaz ha prometido más de una decena de medidas en lo que ha denominado como "el paquete anticorrupción más ambicioso que ninguna administración haya puesto en marcha", en la que se incluye que los partidos con dirigentes que se hayan financiado ilegalmente deban hacerse responsables patrimonialmente, que las fuerzas remitan sus cuentas a la Cámara de Cuentas o que se "aparte" a los imputados por estos delitos.
El paquete normativo planteado por Díaz contiene la remisión por todos los partidos políticos a la Cámara de Cuentas de Andalucía y su publicación vía telemática de su estructura orgánica y retribuciones y que los cargos institucionales que perciban sueldo público no reciban de los partidos ninguna remuneración complementaria o hacer públicas la declaración de bienes, actividades e intereses y las declaraciones anuales del IRPF de todo cargo electo y de sus cónyuges.
En la siete medidas, Díaz plantea que los partidos que se haya financiado ilegalmente a través de la corrupción de sus cargos deben hacerse responsables patrimonialmente de estos actos, la remisión anual de la cuentas de los partidos a la Cámara de Cuentas y que los ciudadanos tengan acceso por internet a los procedimientos de control de los partidos.
Además, propone que los partidos cuenten con órganos internos anticorrupción con funciones "preventivas y de control", ha señalado la candidata, que ha apostado por "separar de inmediato" a los cargos públicos imputados por corrupción.
"También a quien mienta o manipule sobre su currículum o cualificación personal o académica. Los imputados por corrupción política no formarán parte de las listas electorales", ha zanjado.
Díaz, que ha apostado por establecer el compromiso de que los candidatos sean elegidos mediante primarias, ha propuesta la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, aunque en el mismo sentido ha avanzado la aprobación de una ley de buen gobierno y estatuto de altos cargos, la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico con otra actividad profesional o reforzar la normativa para evitar las llamadas "puertas giratorias".
La presidenta en funciones se ha comprometido en su discurso a avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos mediante la aprobación de una ley andaluza de subvenciones y a reformar la ley de la Cámara de Cuentas y su acción fiscalizadora.
De otro lado, ha aseverado que también otras medidas en las que el Estado es competente pueden contribuir a la "mayor limpieza y ejemplaridad" de la vida pública.
Por ello, ha propuesto un acuerdo de los grupos en el Congreso para crear el Registro Público Estatal que centralice la información sobre transparencia de los representantes, así como una iniciativa autonómica para la reforma de Código Penal que, entre otras cosas, amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y que implique que los cargos públicos responderán con su patrimonio y que responsabilidad patrimonial sea imprescriptible.
Esta reforma del Código Penal supondría la tipificación del delito de financiación ilegal con responsabilidad de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, según Díaz, que ha apostado por cambiar la ley de contratos y de subvenciones del sector pública aumentar los controles.
Promete bajar impuestos y luchar contra la economía sumergida
La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, ha prometido que si es investida reducirá entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, que habrá un plan específico para que aflore la economía sumergida y que se establecerán nuevas deducciones regionales.
En su discurso de investidura, Díaz ha prometido que habrá deducciones en el IRPF por creación de empleo y por aportaciones a proyectos empresariales que contribuyan al nuevo modelo productivo, y que se introducirán incentivos fiscales a la creación de empresas que creen trabajo, a las inversiones en I+D+i y a las actividades que incidan favorablemente en el medio ambiente.
Además, Díaz se ha comprometido a reducir en el 10 por ciento el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regional y ha asegurado que elaborará un plan de eficiencia del sector público.
En su discurso en la sesión de investidura, Díaz ha hecho de esta forma un "guiño" a Podemos, que entre las medidas que reclama al PSOE en la negociación para facilitar su investidura incluye la reducción de más de 23 millones de euros en altos cargos.
El pleno del
Parlamento andaluz ha comenzado este lunes el debate para la investidura de la candidata socialista,
Susana Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía, cuya primera votación se celebrará, previsiblemente, durante la tarde del martes 5 de mayo.
Acabado el
discurso de Díaz, quien expondrá sus propuestas sin límite de tiempo, el Pleno se suspenderá hasta la mañana del martes, cuando comenzarán las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios de la décima legislatura andaluza, de menor a mayor representación: IU, Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE, y que serán de treinta minutos de duración.
La candidata a la investidura contestará a cada portavoz, quien tendrá derecho a su vez a una réplica de diez minutos, y Díaz también podrá intervenir en cualquier momento del debate y tendrá derecho a cerrarlo, según el ordenamiento de esta sesión parlamentaria.
La
primera votación para la investidura de Díaz, que requiere la mayoría absoluta de los 109 diputados autonómicos, se celebrará, previsiblemente, por la tarde del martes y será pública y por llamamiento a cada parlamentario.
En el caso de que Díaz no obtenga la mayoría absoluta, lo cual parece probable a tenor de las posiciones adelantadas por los grupos parlamentarios, se convocará un segundo pleno, cuarenta y ocho horas después de acabada la primera sesión plenaria, que se celebraría en la tarde del jueves 7 de mayo o en la mañana del viernes 8 de mayo, en función de la hora en la que finalice el primer pleno.
En esta segunda
sesión plenaria de investidura Díaz ya sólo necesitará una mayoría simple para obtener la investidura, para lo cual debe sumar a los 47 escaños del PSOE la abstención de un solo grupo de la oposición, en el caso del PP, pues cuenta con 33 diputados, o de varios, ya que Podemos tiene quince diputados; Ciudadanos, nueve, e IU, cinco.
De no lograr la investidura por mayoría simple en esta segunda sesión plenaria, el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, podría convocar nuevos plenos durante un período máximo de dos meses tras el cual se tendrán que convocar nuevas elecciones autonómicas, posibilidad que han rechazado públicamente casi todas las fuerzas parlamentarias andaluzas.
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