El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictar una sentencia que supone un duro varapalo al partido socialista y a toda la izquierda española. En respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la ley madrileña de 2012 donde se permitía realizar una gestión privada de varios hospitales públicos, el Alto Tribunal no solo confirma que se trata de una norma que se ajusta a nuestra legislación, sino que también ratifica que no discrimina a los pacientes atendidos y que la titularidad pública se mantiene íntegramente.
Este dictamen desmonta uno de los caballos de batalla más desbocados ideados por la izquierda a base de falacias y medias verdades manipuladoras. La primera piedra la puso con toda astucia Alfredo Pérez Rubalcaba en los debates preelectorales con Mariano Rajoy, acusándole nada más y nada menos, en el cara a cara televisivo, de disponer de un “programa oculto” donde el Partido Popular se aprestaba a vender la Seguridad Social a empresas privadas. El ex-secretario general del PSOE lanzó tamaña insidia ante el estupor de sus oponentes, que no supieron responderle con toda la contundencia que una falsedad de ese calibre merecía. El entonces candidato socialista se había hecho unas cuentas a bulto. Sabía que el país que dejaba estaba prácticamente en quiebra técnica, y que para evitarla, o para afrontar el rescate europeo, el nuevo Gobierno debería obtener liquidez vendiendo la Seguridad Social.
Pero a donde a Rubalcaba no le salían las cuentas, al nuevo Gobierno del PP si le cuadraron los balances, quizá por simple mejor preparación y ajuste a la realidad. No solo se evitó el rescate y se salvó al país de la quiebra, sino que las reformas -aún incompletas- han creado empleo y apuntalado una Seguridad Social que los socialistas daban por inviable. Nada de esto aminoró la furia con la que se enarboló el infundio. El PSOE arrastró al conjunto de la izquierda hacia lo que se llamó “marea blanca”, con la que se puso cerco a una privatización de la sanidad pública que no se estaba llevando a cabo y a un imaginario desmantelamiento de la Seguridad Social que no solo no se estaba produciendo: más bien se sentaban las bases para que fuese viable financieramente.
La campaña ha estado envenenada por acusaciones populistas repletas de inquina inaceptable. Se ha afirmado que los enfermos recibirían el trato de clientes, que no se les proporcionarían los tratamientos adecuados a los que no fueran económicamente rentables, que los intereses financieros primaban sobre la vida y la salud de los pacientes. Todo un discurso dirigido a incriminar al PP y generar odio contra él y sus votantes. Baste recordar qué sucedió cuándo Cristina Cifuentes hubo de ser hospitalizada al borde de la muerte. Ahora el Tribunal Constitucional ha dado un carpetazo sin paliativos a esas ponzoñosas falacias. Dar la gestión de un centro a una empresa privada no merma el carácter público del servicio, nunca la Seguridad Social ha estado en venta ni se dado ningún paso para desmantelarla. Aunque el Gobierno haría bien en poner pronto de relieve estas verdades, porque ya medios de comunicación afines al socialismo están manipulando en su beneficio la taxativa sentencia del TC. A la izquierda le cuesta dejar de esgrimir acusaciones cuya tosquedad no aminora su desestabilizador impacto social.
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