Ayer se debatía en el Congreso una iniciativa del PSOE para que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser indultados. Dicha iniciativa es interesante, aunque quizá el momento en que se presenta sugiere un cierto oportunismo. En todo caso, parece justo que determinados delitos cuya comisión genera una enorme alarma social no queden impunes.
El derecho de gracia es una prerrogativa del Gobierno que ha generado más de una controversia en los últimos tiempos. Tiene sus límites, y no suele ser muy empleada, aunque la percepción en la calle es otra. En esta legislatura se han puesto en marcha más medidas contra la corrupción que en todas las anteriores, pero el escándalo producido por ciertos casos -Gürtel, ERE, Pujol- puede con todo.
Precisamente por eso, la medida propuesta por Pedro Sánchez peca de oportunista. Tiene una buena fundamentación, pero lleva implícita una indudable carga propagandística en vísperas de las elecciones. El PSOE siempre ha mantenido que no es bueno “legislar en caliente”, aunque en esta ocasión la cercanía de las urnas le hace variar -una vez más- su discurso.
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