El TSJM confirma la paralización de las obras de la M-501

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha pedido la "inmediata la paralización" de las obras de desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos, M-501, mediante un auto fechado el 22 de mayo de 2008.

La decisión de juez supone la ejecución provisional de la sentencia que dictó el 14 de febrero de 2008 pidiendo la paralización inmediata de todas las obras que componen el proyecto de desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos.

El Tribunal califica de "inaceptables" los argumentos de la Comunidad de Madrid para oponerse a la paralización, pero para proceder a la misma impone una caución de 497.367 euros a la organización Ecologistas en Acción para paralizar las obras.

La ONG considera "muy positivo" el auto pero lamenta "que el cumplimiento de la legalidad se vincule al depósito de fianzas millonarias", por lo que recurrirá el auto y solicitará la eliminación de la caución.

El auto considera "rechazable" la alegación de la Comunidad de Madrid cuando afirma que "ha procedido de forma espontánea a dar cumplimiento del fallo de la sentencia".

Así, afirma: "Si tal hubiera ocurrido, la Administración habría comenzado a desmantelar, o al menos a detener su ejecución. Pero tampoco hay prueba alguna de que se haya iniciado el procedimiento destinado a subsanar los vicios que determinaron la anulación del proyecto".

Por otra parte el Tribunal considera que los contactos que la Consejería de Transportes ha mantenido con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea no pueden suplir a la comunicación previa que recoge la Directiva Hábitat y no prejuzga las decisiones que pueda adoptar la Comisión en cuanto a órgano colegiado.

Por último la Sala se manifiesta sobre la existencia de "perjuicios de difícil reparación y la irreversibilidad de la situación que pueda producirse".

Califica de "paradójico" que la Comunidad de Madrid argumente la necesidad de continuar las obras para evitar los daños ecológicos, cuando la "ilegalidad" reside en "la violación de las normas protectoras del medio ambiente".

La Comunidad recurre el auto
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recurrido el auto y aseguró a Europa Press que la paralización de las obras de desdoblamiento de la M-501 supondría "un grave riesgo" para la seguridad vial, por lo que agotará todos los recursos posibles para evitarlo.

En respuesta a este auto, la Comunidad de Madrid recordó que esta organización solicita la ejecución de una sentencia del TSJM que no es firme y que actualmente se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta sentencia, en opinión del Gobierno regional, "no tiene objeto, ya que hace referencia a un mero defecto formal en el proceso de tramitación que ya se encuentra subsanado".

Además, el interés del Gobierno regional para realizar estas obras de desdoblamiento es mejorar la seguridad vial en una carretera que presenta un alto índice de siniestralidad, por lo que cuenta con el apoyo de todos los alcaldes de la zona. "De hecho, hace apenas una semana se produjo un grave accidente en esta vía con una víctima mortal", apuntaron las fuentes consultadas, que señalaron que el índice de mortalidad media desde 2002 a 2006 es cinco veces superior en este tramo que en el tramo de autovía.

Además, indicaron que las obras que se están realizando en la M-501 consisten en la duplicación de una vía ya existente, actualmente en servicio, por lo que la paralización de las mismas afectaría gravemente a la seguridad de los conductores que actualmente la utilizan.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid aseguró que se está cumpliendo toda la normativa vigente y se están realizando los trabajos con el máximo respeto al entorno. De hecho, el 25 por ciento del presupuesto de esta actuación se ha destinado a medidas medioambientales.

Además, incidió en que el pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya rechazó en dos ocasiones anteriores la petición de Ecologistas en Acción de paralizar las obras de desdoblamiento de la carretera M-501.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó la medida cautelar de suspensión de los trabajos, y justificó además que no concurrían razones de especial urgencia para aceptar la petición de los ecologistas e interrumpir las obras.

En relación a la fianza estipulada en el auto, la Comunidad aseguró que no cubriría las indemnizaciones y perjuicios que derivarían de la paralización de las obras. En concreto, el Gobierno regional ha calculado que ello supondría un coste de 10 millones de euros, mientras que el auto estima una fianza de 500.000 euros, "claramente insuficiente para cubrir el coste de las indemnizaciones por los perjuicios a los que daría lugar esta paralización".