La Constitución que se dieron a sí mismo los españoles en 1978 fue fruto de un ejemplar consenso, que aparcó los enfrentamientos que solo conducen al desastre -en la historia de España hay alguna y terrible muestra de ello-, y sentó las bases del mayor periodo de estabilidad, progreso y bienestar en nuestro país. Ante esa realidad, los ataques contra la Carta Magna y la Transición esconden en la mayoría de los casos intereses espurios que de manera irresponsable propugnan incluso hacer tabla rasa sin pensar en las consecuencias, no precisamente deseables.
No significa esto, sin embargo, que el texto constitucional sea algo eterno e intocable. De hecho, en la historia de España sobran los cambios constitucionales, donde se confunden constituciones con programas partidistas, y faltan en cambio las reformas constitucionales consensuadas. Sin embargo, todo cambio debe hacerse con la debida cautela, en una línea de consenso y sin pretender modificar lo que se ha demostrado que funciona bien. En este sentido, se ha pronunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando que el Gobierno no descarta introducir modificaciones en “nuestra norma fundamental de convivencia” para cuestiones específicas. En concreto, se ha referido a que, transcurridos treinta y siete años, es posible definir mejor el Estado de las Autonomías y las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, viendo como se podrían reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación. Algo que, por otro lado, sería un ejemplo palmario de que sí se puede ejercer el “derecho a decidir” sobre esta cuestión, pero siempre que ese derecho sea ejercido por la totalidad de la ciudadanía, y no por una parte exigua de ella imponiendo sus criterios al conjunto silenciado como aspiran a hacer hoy Junqueras y Artur Mas. Igualmente, Rafael Catalá ha señalado que en la sucesión en la Corona podría revisarse la preferencia del hombre sobre la mujer, o abordar la cuestión del aforamiento en consonancia con la legítima exigencia de la ciudadanía de una mayor trasparencia en la política.
España tiene ante sí retos urgentes que debe resolver -estamos en el camino de la recuperación, pero no está ni mucho menos concluido- antes de embarcarse en un incierto proceso constituyente que únicamente ambiciona deslegitimar una Constitución y un momento de nuestra historia, la Transición, que tantos beneficios nos ha reportado. Otra cosa, sin embargo, son reformas puntuales que deben apoyarse en el consenso, como fue impecable el acuerdo en la abdicación del Rey Juan Carlos I. Sin duda, el Gobierno haría bien en no cerrarse en banda a cualquier reforma constitucional, dejando así campo libre para propuestas disparatadas que beben en el populismo, la demagogia y la agitación en lugar de en la serena reflexión que demanda el asunto.
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