El TSJC requiere a la Generalidad las facturas de los ordenadores usados el 9N

Según han informado fuentes judiciales, el magistrado que instruye la causa del 9N, Joan Manel Abril, ha acordado enviar ese nuevo requerimiento a la Generalidad después de que el pasado viernes así se lo solicitara la Fiscalía.

En su requerimiento, el juez pide al CTTI que le remita las facturas de la adquisición de los ordenadores usados en la consulta -unos 7.000, según cifró el martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau-, así como documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones.

Precisamente, el coste de los ordenadores portátiles que se usaron en los institutos que albergaron las urnas del 9N fue una de las cuestiones por las que fue interrogada la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

La consejera concretó que para las votaciones del 9N se utilizaron 7.000 equipos informáticos cuya adquisición, según su versión, ya estaba presupuestada con anterioridad para uso de los centros educativos y que, tras la consulta, han acabado a disposición de las escuelas.

Concretamente, el juez pide en su providencia la documentación relacionada con la factura que el CTTI envió al Departamento de Gobernación de la Generalidad relacionada con la instalación de los ordenadores usados en el 9N.

Esa documentación, precisa el TSJC, "deberá incluir contrataciones, comandas de material, órdenes de trabajo y en definitiva cualquier encargo de bienes o servicios efectuado a proveedores externos, sea en virtud de contrataciones específicas, sea en virtud de acuerdos marco".

El escrito del TSJC reclama también a la Generalidad la documentación relacionada con la compra del material informático del 9N enviada por el Departamento de Enseñanza, "con la inclusión de cualquier encargo efectuado a proveedores externos", así como la relativa al transporte del mismo a los centros de votación.

El juez exige asimismo la "documentación relacionada con cualquier actuación o encargo relativos a la instalación de aplicaciones informáticas en ordenadores".

El pasado mes de junio, a instancias de la Fiscalía, el TSJC ya requirió a la Generalidad documentación relativa al coste de la organización del 9N, lo que incluía el precio de adquisición de los ordenadores empleados en la votación, y ha citado a declarar para el próximo lunes al técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI en la consulta.

En esa ocasión, el ministerio público pedía que la Generalidad aportara toda la "instrucción, orden interna, circular, protocolo técnico o documento de cualquier tipo" referido a la gestión informática del 9N, aunque por el momento no se ha facilitado el expediente completo relativo a los equipos informáticos empleados en la consulta.

En su declaración de ayer ante el juez del TSJC, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, alegaron que desde que el 4 de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa, la Generalidad paralizó todas las instrucciones relativas al 9N, que de esa forma quedó exclusivamente en manos de voluntarios.

De hecho, cuando admitió a trámite la querella por el 9N, el TSJC precisó que en principio se centraría en investigar las resoluciones que adoptó el gobierno catalán entre los días 4 y 9 de noviembre, una vez la consulta alternativa había sido suspendida.

Con el requerimiento de la documentación relativa a hechos tan concretos como el transporte de los ordenadores a las escuelas que acogieron las urnas del 9N, la justicia pretende averiguar si una vez suspendida la consulta el gobierno catalán continuó gestionando la votación.