El Gobierno defiende la independencia judicial respecto a CDC

El registro de la sede de Convergencia y la detención del administrador Andreu Viloca, junto a otros miembros de la formación, tienen para los independentistas una “intencionalidad política” detrás. En este sentido se pronunciaba este miércoles el diputado de CDC Carles Campuzano, que criticaba la “espectacularidad” y el “punto de ensañación” mediático con el que se llevó a cabo el registro y la detención.

La CUP también se posicionó al respecto, considerando que hubo una “evidente intencionalidad política” y asegurando que este hecho “no alterará” sus negociaciones con Juntos por el Sí. También se criticó desde la formación radical el que se filtrase “a algunos medios para que pudiera haber imágenes”. No obstante, el portavoz de la CUP reconoció que la intencionalidad política no quita que pueda haber un “fundamento” y que, en cualquier caso, seguirán reclamando que la presidencia no sea para Artur Mas, ya que es el presidente de un partido que “puede perjudicar el proceso independentista" por la “mochila” que lleva en casos de corrupción.

El coordinador general de Convergencia, Josep Rull, pidió este jueves que los registros policiales no afecten a esa negociación entre la CUP y Juntos por el Sí, que debe estar por encima de “turbulencias interesadas e intencionadas”. Rull ha asegurado que “no le constan irregularidades” en la financiación del partido y que los soberanistas tienen que ponerse “por encima de estas intenciones que tienen algunos para intentar que (el proceso soberanista) fracase”.

Por su parte, el consejero de Presidencia en funciones de la Generalidad, Francesc Homs, ha hablado de “exhibicionismo” en la actuación de la Guardia Civil y de un “acto de intimidación absolutamente innecesario”. Pero ha asegurado que estos hechos no “alteran” el proceso soberanista ni las negociaciones con la CUP y ha denunciado que "la independencia del poder judicial está bajo sospecha".

Cumplimiento de la ley

Frente a las críticas de los soberanistas sobre la intencionalidad del registro y detenciones, miembros del Ejecutivo han salido este jueves en defensa de la actuación.

Es el caso del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que ha asegurado que no está motivado por “ningún interés o intencionalidad política". Martínez ha defendido que la Guardia Civil "estaba cumpliendo y haciendo cumplir la ley" y ha matizado que "es evidente que la ley nos vincula a todos". Ha apostillado que el trabajo de los jueces es ése, “cumplen la ley y se la hacen cumplir a los demás, y para ello pueden utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, también ha descartado en declaraciones televisivas que la operación se haya llevado a cabo por la deriva soberanista de Mas y ha comentado que "los tiempos de la justicia a veces son lentos pero acaban llegando a puerto" y ha lamentado que todo este escenario “de difícil gobernabilidad” acabe en la celebración de nuevas elecciones.

Por su parte, Mariano Rajoy ha querido recordar a Mas la independencia judicial en España e instalarle a que respete las decisiones de los magistrados. El jefe del Ejecutivo ha trasladado al presidente de la Generalidad que los españoles viven en una democracia en la que los jueces son independientes y libres y toman las decisiones que les parece ajustadas a la ley. "Y todos, sea el señor Mas o sea Mariano Rajoy, o sea quien sea, estamos sometidos a la ley y a lo que digan los tribunales", ha sentenciado.