Títeres y titiriteros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar la puesta en libertad de los dos titiriteros que fueron detenidos, gracias al modélico auto del juez Ismael Moreno, el pasado cinco de febrero por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de incitación al odio por motivos ideológicos o religiosos. No consigo todavía llegar a entender cómo una representación de títeres puede estar tan alejada de lo que representan las fiestas de Carnaval en nuestro país.

He de decir que el hecho de que pueda haber disminuido el riesgo de fuga y la reiteración del supuesto delito atribuido a Raúl García y a Alfonso Lázaro no debería impedir la privación de libertad de los titiriteros, puesto que las penas también cumplen una función moralizante a nivel social y es importante que la sociedad aprenda que hay límites morales que las acciones humanas no pueden traspasar sin provocar una reacción automática adversa por parte del ordenamiento jurídico.

Si el Estado de derecho funciona es porque todos estamos sujetos a normas que nos vinculan de igual modo para preservar, entre otras cosas, valores. Estos valores forman parte de las creencias que constituyen el sustrato más profundo de la convivencia social. El peligro de que estas creencias firmes, permanentes, sean sustituidas por ideas volátiles y pasajeras –sean del signo que sean- es que el sujeto no sabe a qué atenerse puesto que no encuentra refugio en una sociedad permisiva en la que todo vale, incluso, enaltecer el terrorismo bajo la máscara de unos simples y “aparentemente inocentes” títeres.

Podrá haber pesquisas sobre si el programa indicaba expresamente o no que era una representación apta sólo para adultos pero de lo que, desde luego, no hay duda es de que los arrestados escribieron una sátira de títeres sin un contenido inmaculado; más bien al contrario fue deliberadamente redactada con un contenido pernicioso y nocivo, atentatorio de valores tan esenciales como el de la dignidad humana, entre otros.

El hecho de que pudiera haber sido solo una minoría quienes increparan a los titiriteros durante la representación o el hecho de que los niños no hubieran percibido el fatídico mensaje que se pretendía transmitir, no exime en absoluto de su categorización como supuesto ilícito jurídico-penal. Afortunadamente el utilitarismo ya fue superado hace tiempo y el Estado democrático no solo está llamado a preservar los derechos de la mayoría sino también los de las minorías sociales. No es una cuestión cuantitativa la que está en juego sino que se trata de una cuestión cualitativa puesto que se atenta contra la dignidad humana, la libertad y los derechos, no ya de los menores sino de toda la sociedad en su conjunto.

La alcaldesa Carmena y su partido, Podemos, podrán tratar de relativizar los hechos, señalando que resulta desproporcionada la detención de los titiriteros, invocando quizás también una libertad de expresión mal entendida, pero no podrán borrar la identidad de lo que constituye un atentado contra las creencias democráticas que precisamente hicieron posible en época de Carnavales una representación de este tipo en el barrio de Tetuán. La cultura nos pertenece a todos en España y, por tanto, constituye un abuso en toda regla servirse de ella para arremeter contra los cimientos más profundos del Estado democrático y de derecho en el que estamos instalados.

Por todo ello, la obra La bruja y Don Cristóbal no pertenecería, a mi modo de ver, más que al género de la despersonalización y de la perversión humana. Calificarla de género teatral subversivo es un atributo inapropiado y demasiado suave que no se merece esta sátira cuando lo que se expuso durante varios segundos fue un cartel con el lema Gora Alka-ETA. No es de extrañar que el libreto escandalizara a buena parte de los asistentes –en su mayoría, niños de cinco o seis años- al presenciar de forma realmente cruda y violenta los enfrentamientos que mantiene una bruja con distintos representantes de poderes sociales (la propiedad, la religión, la policía). En un momento de la trama, Don Cristóbal, un policía corrupto, intenta incriminar a la bruja y para ello –respiremos hondo- coloca en su vivienda, entre otros objetos, la pancarta con el lema Gora Alka-ETA y una “albóndiga-bomba”.

No es que haya un desconocimiento del género titiritero, de lo que realmente hay desconocimiento es de que el adoctrinamiento propio de los regímenes totalitarios y el enaltecimiento del terrorismo conculca los valores más esenciales del género humano.

La conquista de la libertad de expresión, que tantas luchas costó durante siglos, se pone en entredicho cuando hay sujetos que pretenden servirse de ella traicionando su identidad, transformándola en un derecho ilimitado en el que todo vale, incluso los mensajes apologéticos a través de la cultura dirigidos al público más vulnerable: los niños.