Cifra récord en casos de corrupción

Los datos que acaba de proporcionar el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, son elocuentes y demoledores: se han batido todos los récords en investigaciones y detenciones por corrupción en España. Durante la legislatura que ha concluido se han triplicado esas investigaciones. En el 2010 hubo 389 detenidos, mientras que en 2015 han sido 2.442. En el total de la legislatura hubo más de 7.000 personas puestas a disposición judicial. La incidencia de estos datos, con su goteo diario, en la vida política española ha sido un factor decisivo para el profundo cambio electoral experimentado en el país. El hartazgo y el descrédito son en estos momentos con toda justicia monumentales ante este cenagal.

Pese a todas las maniobras informativas de los partidos para culpar solo a sus oponentes y ponerse de perfil en los casos propios, la ciudadanía sabe perfectamente que los escándalos de corrupción se reparten homogéneamente entre todas las formaciones que han tenido responsabilidades de gobierno. Argumentos para no sentarse a negociar con un partido que se sustentan en que es el otro el que capitaliza la corrupción, contienen un cinismo inaceptable. Los ciudadanos tienen un motivo más para sentirse ofendidos: la insuficiente asunción de responsabilidades políticas. Es obvio que la gran mayoría de los políticos no son corruptos, pero sí se constata la frecuencia con que numerosísimos dirigentes han mirado para otro lado cuando subordinados suyos o cargos de confianza han sido señalados por la justicia. No se restablecerá nunca el crédito si los partidos siguen dando respuestas corporativas, no establecen normas internas para detectar con rapidez la corrupción propia antes de cualquier intervención policial, no se colabora con prontitud con la justicia y no se asumen responsabilidades políticas por lo que haya sucedido en el ámbito de las competencias de cada uno. La saludable cultura de la responsabilidad política es una asignatura pendiente en España y no se recuperará la confianza mientras no se imponga en el mismo grado de exigencia que es natural en los países de nuestro entorno.

La única lectura positiva que cabe extraer de los datos proporcionados por el Ministerio del Interior radica en la razonable eficacia de las instancias judiciales y los cuerpos policiales que están depurando esta plaga de escándalos de corrupción. Para ello es vital que se mantenga la separación de poderes, y una prueba de esa independencia se está manifestando en los casos de gran repercusión mediática que están saliendo a la luz precisamente cuando al partido en el gobierno menos le conviene. Se da la paradoja de que hoy la mayor amenaza a esta independencia judicial proviene de formaciones que aseveran venir a regenerar la democracia. Es lo que ocurre con Podemos, que en su documento programático para un hipotético Ejecutivo propone que los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los fiscales y los miembros de la Abogacía General del Estado sean elegidos por su adhesión y compromiso con el programa del Gobierno. Es el sueño populista de vaciar de sentido las instituciones. Y ahí está la Venezuela chavista, tan admirada por el partido de Pablo Iglesias, para verlo en la práctica. Si ese sueño populista se encarama al poder, puede darse por hecho que el número de investigaciones y detenidos por corrupción que acabamos de conocer, sería muy otro.