Ayer lunes comenzaba el primer día de huelga del Metro de Barcelona, algo con lo que no contaba Ada Colau. La regidora se había implicado personalmente en la resolución de un conflicto provocado fundamentalmente por las exigencias del personal de Metro, por lo demás excesivas. Ya pasó algo semejante hace pocos años en Madrid, con una huelga salvaje en la que finalmente la justicia dio la razón al consistorio madrileño, que previamente había tenido que sufrir las invectivas de la izquierda.
Ahora la situación es otra, y Ada Colau debe enfrentarse a un problema real para el que no valen acciones mitineras, sino política al uso. Esta huelga coincide, además, con la celebración del Barcelona Mobile World Congress, lo que complica todo un poco más. Esta extorsión, unida a las irresponsables demandas de los huelguistas justifican plenamente el enfado de Colau.
Dicho lo cual, si alguien de un signo político diferente al suyo se hubiera atrevido a publicar los sueldos más altos de los empleados de Metro -como ha hecho ella-, el escándalo habría sido considerable. Cambiar nombres de calles o escenificar representaciones blasfemas no es gobernar un ayuntamiento; que se lo digan si no a su colega de Madrid, Manuela Carmena. Ada Colau ha tenido que variar su postura en algunos asuntos clave: en Barcelona sigue habiendo más plazas hoteleras, congresos interesantes y, por supuesto, desahucios. También huelgas, y ahí es donde Ada Colau debe hacer algo más que protestar para que la movilidad de sus conciudadanos no se vea alterada.
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