La historia es ante todo y por encima de todo el hábitat por excelencia de hombres y mujeres, construida en función de ellos y al servicio –modesto o esclarecido- de sus necesidades y anhelos, en todo momento iguales, más allá de ropajes y modas de vigencia invariablemente corta.
De ahí, verbi gratia, que en la Andalucía del invierno del 2016, última o penúltima de las grandes regiones del viejo continente en sus niveles de desarrollo y con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de las registradas por balances y resúmenes de todo tipo, hablar o escribir acerca del Ministerio de Trabajo se muestre muy ocasionado para trazar un aproche, entre otros mil, cara al drama hondo, irrestañable, excruciante de su subdesarrollo.
Creado muy pronto hará un siglo el poderoso, tentacular Ministerio de Trabajo y pilotado desde entonces por un número crecido de políticos oriundos de la tierra más empobrecida de España en los últimos doscientos años de su recorrido, tan paradójica circunstancia provoca a fortiori no poca sorpresa y da vado a meditaciones de contrastado calado y diversidad. Por grandes que sean la palestra o el escenario natural de eternidades e, incluso de eviternidades, la Historia es, para los hombres y mujeres que la construyen en cada generación, el medio más agible y el recurso más garantista para iluminar y, de ser hacedero, resolver sus problemas. ¿Qué razón se encuentra en uno de los datos-clave del régimen democrático iniciado en 1977 para explicar la presencia casi ininterrumpida de sureños en la cúpula del Ministerio de Trabajo, de gobernantes en conjunto menos familiarizados con los temas-eje de dicha cartera que los nacidos en las regiones más industrializadas, productivas y ricas del país? Desde la fecha áurea de 1977, hombres y mujeres de casi todas las provincias andaluzas asumieron dicha responsabilidad hasta la más estricta contemporaneidad. El granadino M. Jiménez de Parga (1929-2014), catedrático de Derecho Constitucional, tendría como herederos al onubense Félix Millares, a los sevillanos Javier Arenas y Manuel Pimentel y, finalmente y por el momento, a la también onubense Fátima Báñez García –ministra de Empleo y Seguridad Social-, todos de perfil y, en especial, de militancia conservadora. Sin olvidar, además, que en el reducido bagaje profesional del gran líder psoísta Felipe González Márquez, sus tareas como abogado laboralista ocupaban primordial lugar, con frecuentes incursiones por dicha materia durante su largo y abrillantado mandato al frente de la nación.
Otra circunstancia no menos relevante que la acabada de glosar, añade un nuevo hilo al ovillo de misterios y enigmas de la evolución económico-política española más reciente y el papel en ella de los hombres públicos andaluces. Navío mayor de las escuadras ministeriales de toda época, la Hacienda española ha estado comandada durante un amplio tramo del actual periodo democrático por hombres –y una mujer, al igual que aconteciera en la cartera de Trabajo, según acaba de referirse- oriundos del Sur. Se recordará cómo durante casi todo el primer franquismo -1941-51-, después de la aireada dimisión de D. José Larraz, al prohombre sevillano e ingeniero de Minas Joaquín Benjumea le cupo rectorar tan importante cartera. En la desembocadura final de la dictadura, otro andaluz estará igualmente al frente de ella. Sin ser estrictamente economistas o financieros, uno y otro, el conde de Benjumea (1951) y el montillano Rafael Cabello de Alba -30-X-1974, 12-XII-1975-, brillante abogado del Estado, ejercerán una profesión y estarán en posesión de los títulos administrativos y curriculares más cercanos en su tiempo a los saberes y conocimientos más propios y específicos de la importante materia.
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